El candidato detalló que la pena de muerte se aplicaría en delitos graves como violación, asesinato y secuestro, con el objetivo de castigar severamente a los responsables de estos crímenes, que afectan profundamente a la sociedad. Para implementar esta medida, Araus destacó que sería necesaria una reforma legal y que, además, se convocaría una consulta popular para que los ciudadanos decidan si están de acuerdo con la pena capital.
Sin embargo, Araus advirtió que cualquier reforma debe estar alineada con los tratados internacionales que Ecuador ha suscrito, ya que la aplicación de la pena de muerte podría generar sanciones o repercusiones diplomáticas. Explicó que, aunque es importante contar con el respaldo popular, no se puede exponer al país a las consecuencias de contravenir los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
El candidato subrayó que, de aprobarse la pena de muerte, esta medida debe ir acompañada de un plan integral de seguridad, que incluya el fortalecimiento de las fuerzas del orden y reformas al sistema judicial para garantizar penas rápidas y justas. Araus destacó la necesidad de restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, implementando un enfoque preventivo basado en la educación y programas sociales. Además, resaltó que es crucial que los administradores de justicia cuenten con credibilidad y ética profesional para garantizar decisiones imparciales.
Finalmente, Araus planteó la creación de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y Ciudadana, una institución que trabajaría en coordinación con el Ministerio del Interior, Defensa, la Policía Nacional, la UAFE y la Fiscalía. El objetivo es centralizar los esfuerzos de todas las entidades encargadas de la seguridad y garantizar un control estricto bajo un plan anticorrupción, con el fin de fortalecer la seguridad pública y proteger a la ciudadanía en Ecuador.
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