La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, el vicepresidente, Enrique Pita y el consejero José Cabrera respaldaron el informe jurídico que restringe el uso de celulares dentro de los recintos electorales, para el balotaje del 13 de abril entre Daniel Noboa y Luisa González.
De acuerdo con los funcionarios, la decisión se sustenta en informes del el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y denuncias levantadas por la Policía Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Atamaint aclaró que esta iniciativa no prohíbe que, delegados de organizaciones políticas, medios de comunicación y observadores puedan registrar la jornada de votación y el proceso de escrutinio a través de dispositivos electrónicos. Además, precisó que los representantes de partidos y movimientos también podrán tomar fotografías del acta de resultados.
Con esto, la Coordinación Nacional de Procesos Electorales y a la Dirección Nacional de Seguridad y Manejo Integral de Riesgos, tendrán un plazo de tres días para elaborar un protocolo para la prohibición.
Antes de la resolución del CNE, Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, consideró que la propuesta es “irracional” e “ilógica”. Esto, debido a que, consideró, el único encargado de velar por el voto secreto es el Consejo Nacional Electoral, sin contar propuestas restrictivas.
Cuestionó también que, ciertas acciones como mostrar la papeleta al momento de votar o fotografiar el sufragio, son repetidas la mayoría de ocasiones por actores políticos o los propios candidatos.
De acuerdo con Daniel González, abogado y experto electoral, el CNE se estaría “extralimitando” en sus competencias y tendría una interpretación equivocada del panorama electoral. Esto, al responder al pedido del Gobierno a pocas semanas de la segunda vuelta.
González cuestionó que, incluso a nivel operativo, esta medida sería improcedente, porque implicaría la revisión de todos los votantes cuando en algunos sitios los padrones son muy numerosos.
“El CNE está disparándose en el pie, porque no podría aplicar una medida en este sentido. Aparte de que es inconstitucional, estaría restringiendo derechos y libertades. Sería una resolución arbitraria”, sostuvo.
Otro de los cuestionamientos surge en torno al reglamento para establecer prohibiciones. De acuerdo con González, cuando existen restricciones, deben traer consigo sanciones. Algo que, según dijo, debe incluso ser socializado con la ciudadanía.
“Si se pone un reglamento que no tiene sanción, será un saludo a la bandera”, dijo.
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