Una caravana de personas bajaba por una calle polvorienta desde la Ciudad de Plástico hasta el sector conocido como La Y.
La presencia de 2 400 miembros de la fuerza pública que iniciaron a las 04:30 un operativo para recuperar el control de la parroquia, afectada por la minería ilegal y por la presencia de grupos armados, aceleró la salida de las personas.
En La Y, un grupo de gendarmes revisaba las maletas de la gente, que avanzaba formando una larga fila. Entre las pertenencias se descubrieron herramientas como taladros, motosierras, esmeriles, lámparas, radios portátiles, celulares, machetes, licores. Esos materiales fueron decomisados por la Policía. Hubo gente que salió con televisores y con antenas de TV pagada.
Luego del control, los ciudadanos que decidieron abandonar las minas eran movilizados en camiones del Ejército hasta el sector de San Gerónimo, en la vía Ibarra-San Lorenzo. Ahí hacían transbordo a autobuses de empresas de transporte de pasajeros, que fueron contratados para llevarlos a Carchi, Imbabura y Pichincha.
Hasta las 16:00, unas 1 200 personas abandonaron Buenos Aires, según datos del Ministerio del Interior. En una entrevista, la titular de esa Cartera de Estado, María Paula Romo, dijo a las 07:00 del miércoles 3 de julio, que 16 personas fueron detenidas en los operativos del martes.
La mayoría de personas que dejó Buenos Aires salió cansada por la falta de alimentos, combustibles y provisiones, cuyo paso desde el centro poblado hacia las minas fue suspendido desde la semana anterior.
Según el gobernador de Imbabura, Álvaro Castillo, el 80% de las personas dedicadas a la minería ilegal, que salieron el martes, son extranjeros y de otras provincias del Ecuador.
Mientras una caravana de personas partía, otros uniformados subían a la cima de las montañas, en donde están ubicados cerca de 100 pozos denominados minas Vieja y Nueva. Iban acompañados por 20 fiscales, que fueron para actuar en caso de delitos de flagrancia. Así explicó la ministra del Interior, María Paula Romo, que seguía las acciones desde Ibarra. La funcionaria estuvo concentrada hasta el mediodía en la sede del ECU-911, junto a Castillo y a Nelson Villegas, comandante general de la Policía.
La intervención de la fuerza pública se ampara en el Decreto de Excepción para Buenos Aires, suscrito el lunes último y que estará vigente 60 días.
En el documento se reconoce que en el sitio hay presencia de más de 10 000 personas que se dedican a la minería ilegal. Esa situación, además, tiene conexión con grupos armados y bandas delictivas dedicadas a la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, intimidación, delitos contra la propiedad.
Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK
