De los 27 adultos procesados por el ataque al edificio de la Contraloría, 14 de ellos se identificaron como indígenas, según consta en una ficha policial que fue llenada tras preguntarles a qué etnia pertenecían.

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Encapuchados incendiaron y saquearon oficinas de la Contraloría General del Estado Crédito: Cortesía de Contraloría General del Estado

Entre Quito y Gualaquiza, una población de Morona Santiago, hay 580 kilómetros de distancia. Para llegar a la casa de Yankuam, de 22 años, hay que recorrer otras tres horas. Solo así se ingresa a Chumpias, una comunidad shuar de la parroquia Bomboiza. Quienes conocen al joven dicen que él cubrió este recorrido para llegar a Quito el pasado 10 de octubre y sumarse a las protestas que se desarrollaban en la capital.

El joven shuar fue detenido el 12 de octubre en la terraza del edificio de la Contraloría, junto con otros jóvenes indígenas y mestizos. El parte policial indica que ellos “tenían actitudes agresivas “hacia la Policía y que desde esa terraza lanzaban bombas molotov, palos, piedras y material explosivo.

En redes sociales, la Juventud Cofeniae (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) pidió su liberación, pues asegura que se trata de “criminalización de la protesta social”.


Según los documentos judiciales, de los 27 procesados, 14 son indígenas, 12, mestizos y uno se identificó como afroecuatoriano. Quienes dijeron ser indígenas aseguraron a la Policía que llegaron a Quito desde Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Morona Santiago, Bolívar y Pastaza.

Fuente: El Comercio, nota original aquí: LINK