La Comisión de Desarrollo Económico, donde el partido oficialista Alianza País tiene la mayoría, recomendó aprobar el presupuesto para el próximo año, pero la propuesta no recibió el respaldo en el Pleno.
La Asamblea decidió el jueves pasado devolver el documento al Ejecutivo para que realice 17 ajustes.
La discusión del documento estuvo cargado de cuestionamientos centrados en la reducción de las asignaciones a salud, educación y programas sociales de equidad de género.
El Ejecutivo tiene un plazo de 10 días para decidir si acepta las observaciones o si insiste en el texto original.
El Ministerio de Finanzas anticipó ayer que “se harán los ajustes necesarios que la Ley permita, técnica y legalmente”. Además, se comprometió a precautelar la protección a los sectores más vulnerables en el ejercicio económico del 2019.
Una de las observaciones centrales de la Asamblea fue a la reducción de las asignaciones para educación.
Para asambleístas de la Revolución Ciudadana como Pabel Muñoz, el tema “no se arregla” asignando los USD 145 millones que faltan para las universidades. Pidió revisar todos los rubros como los de nueva infraestructura educativa.
La asambleísta Dallyana Passailaigue criticó la reducción del monto para los programas de género, especialmente para erradicar la violencia y el maltrato a la mujer.
A estas observaciones se sumaron otras como los recortes al presupuesto de salud.
El ministro de Finanzas, Richard Martínez, defendió durante el debate las asignaciones a estos sectores. El funcionario dijo que se cumple con la norma constitucional de incrementar estos gastos, si se compara la Pro forma 2019 con el presupuesto codificado de este año. Pero asambleístas de las bancadas del PSC, RC, Creo y Suma coincidieron en que la comparación tiene que hacerse con la Pro Forma del 2018 y, con base en ese análisis, aseguraron que hay una reducción.
Finanzas indicó ayer que “por Ley y por Constitución se velará por el mejor uso de los recursos escasos del Estado”.
Aclaró que está en manos del Ejecutivo la atribución de acoger, analizar, estudiar y enviar nuevamente la Pro forma con aquellas visiones que “desde su perspectiva sean responsables y no demagógicas”.
El Pleno también le pidió a Finanzas presentar un plan de contingencia en caso de que no se cumpla la proyección del precio del crudo y el monto de subsidios a derivados. Y solicitó diseñar un mecanismo ágil de pago al IESS.
Finanzas señaló que hay la posibilidad de mejorar la asignación de recursos con base en la misma ejecución del Presupuesto del Estado.
Según Martínez, la discusión no debe basarse en la cifra sino en el problema y las soluciones estructurales; es decir en cómo garantizar la sostenibilidad de la seguridad social y cómo ser más eficientes en el campo energético, un debate donde la Asamblea debe jugar un rol clave.
El exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, cree que la Pro forma refleja una intención de cambio pero a paso “demasiado lento”, lo cual podría a futuro llevar a tomar decisiones más duras. Cree que aún hay espacio para optimizar los gastos sin sacrificar la inversión Por ejemplo, retirar el subsidio a las gasolinas.
El director de Análisis Semanal, Walter Spurrier, criticó los “malabares que se hacen en la Pro forma para maquillar el mal estado de las finanzas públicas”. Es cuestionable el escaso esfuerzo para reducir el gasto público en salarios y en subsidios a los derivados.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
