El Gobierno presentó a la Corte Constitucional (CC) el pedido de revocatoria a la medida cautelar de suspensión de los efectos del Decreto 754 sobre la consulta ambiental. En NotiMundo Estelar, Juan Pablo Ortiz, secretario Jurídico de la Presidencia, aclaró que esta consulta se aplica no solo a las actividades extractivas, sino que se trata de permisos o licencias que se tienen que sacar para toda actividad que genere un impacto ambiental.

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“La Corte únicamente pensó que esto se aplicaba a la minería cuando no era así”, indicó y agregó que la consulta ambiental es el paso previo para que el Ministerio de Ambiente otorgue licencias ambientales.

En este sentido, Ortiz aseguró que hay una confusión por parte de integrantes de la Conaie y de otros sectores que se oponen a la consulta, entre la previa y la ambiental. La suspensión no solo afecta al sector minero o al privado como se quiere hacer ver. También afecta al sector público; está generando miles de millones de pérdidas a la economía y va a seguir afectando a todos los proyectos privados”, lamentó.

En esta línea, Ortiz hizo una diferenciación; explicó que la consulta previa trata específicamente las afectaciones que puede sufrir una etnia o un grupo específico. Mientras que, la ambiental, “es todo lo contrario”.

Finamente, Ortiz precisó que las consecuencias de esta suspensión temporal es que al menos 176 obras, entre proyectos mineros, eléctricos, de actividades turísticas, entre otros, se paralizarán.

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