La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron el acto urgente, presentado por 13 concejales de Quito, y allanaron las oficinas del juez Carlos Soto en el Complejo Judicial Norte y el despacho de la jueza María Belén Domínguez. Esto por presuntas irregularidades en el sistema de sorteo de causas interpuestas por el alcalde removido, Jorge Yunda.

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Créditos: Fiscalía General del Estado

En NotiMundo Estelar, Edison Carrillo, abogado patrocinador de concejales de oposición, manifestó que, pese a la suspensión de los jueces, Carlos Soto y María Belén Domínguez, y cuatro funcionarios judiciales más que participaron en dos recursos constitucionales presentados por Jorge Yunda, se necesitaba un acto urgente para que se ejecuten medidas en las cuales se logre preservar y consolidar evidencias que determinen si existió o no un delito.

Carrillo explicó que este acto urgente llevado a cabo por la Fiscalía y la Policía Nacional durante la noche de este viernes, 9 de julio, no ejecuta una denuncia, sino una presunción por la cual se solicita que se dicten medidas que determinen el delito.

En este caso sería una posible interceptación de datos ilegal que pudo haber ocasionar que la demanda sea direccionada específicamente al juez Carlos Soto, con el objetivo de que beneficie a un tercero.

El abogado patrocinador de los concejales de oposición, aseguró que Jorge Yunda fue notificado con la absolución de consulta del Tribunal Contencioso Electoral este jueves, 8 de julio y “desde ahí no debía seguir representando al GAD”.

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