En NotiMundo Estelar, Pablo Dávila, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (T), indicó que la conformación de una veeduría para evaluar las decisiones del organismo transitorio, tendría fines políticos desde el actual Consejo presidido por Alembert Vera para desconocer la conformación de la Corte Constitucional en funciones, y suplantarla por la que fue cesada en 2018.

Créditos: Primicias

Dávila recordó que existe un dictamen interpretativo de la Corte Constitucional (CC) en el que se prohíbe revisar las decisiones del CPCCS transitorio, que fue presidido por Julio César Trujilo.

“La ciudadanía debe recordar que el Consejo no solo ejerció sus facultades ordinarias previstas en la Constitución, sino también extraordinarias que tenían un plazo aproximado de un año, donde había que evaluar el trabajo de las autoridades, y cesarlas en función del proceso de evaluación. Eso ahora el Consejo de lo puede revisar”, explicó.

Por este motivo, indicó que detrás de la conformación de la veeduría (que violentaría una decisión del órgano supremo para la interpretación constitucional) se esconderían una agenda política del movimiento que habría (incumpliendo la norma electoral) auspiciado a los consejeros de mayoría del CPCCS durante su campaña en las elecciones seccionales de febrero de 2023.

Tomando en cuenta que ya existe una apelación en contra de la decisión del juez de Montecristi, que aceptó una acción de protección ciudadana, Davila señaló que la Corte Provincial debería rever la resolución, y establecer el error inexcusable para que el magistrado sea sancionado, e incluso cesado.


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