Para Israel Cruz (BIN), miembro de la Comisión, este problema surgió por una mala planificación de la economía; y ahora el Estado está desfinanciado. Además, agrega que no existen cifras ciertas sobre cuál es el estado de la deuda, pero que ya se pidió información.
Mañana, el grupo se reunirá para establecer las comparecencias. Según Cruz, se debería empezar con los ministros del Trabajo y de Finanzas, Raúl Ledesma y María Elsa Viteri.
Las autoridades han dicho que recibieron esta deuda heredada desde el 2008 de $ 1.200 millones. Ledesma señaló que hasta la semana pasada se habían cancelado $ 644 millones y que para cumplir con el pago a 751 jubilados pendientes aún no saben de dónde saldrá el dinero y que lo están buscando.
Ricardo Ramírez, presidente de la Coordinadora de Docentes Jubilados y Pensionistas del Guayas, explica que en 2008, 2009 y 2010 se pagó el incentivo jubilar de manera incompleta: $ 12.000 a cada uno de los jubilados, aplicando un decreto ejecutivo del expresidente Rafael Correa.
Este decreto, emitido en febrero del 2008, reglamentó el pago en ese monto para todos, pero en la vigésimo primera transitoria de la nueva Carta Magna (aprobada en 2008) se dispuso que a los jubilados se les paguen cinco salarios básicos del trabajador privado por año hasta un máximo de 150.
“Y esa escala tenía que aplicarse una vez que entró en vigencia y como lo entiende cualquier persona, si la Constitución dice eso, ninguna ley, decreto, acuerdo o resolución tenía que imponerse a esta, pero como Correa era Correa, dispuso que sus ministros no acaten esa orden”, dice.
