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Un total de 65 miembros de comunidades indígenas fueron asesinados en Colombia tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 2016.

El Telégrafo

Así lo denunció la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia en su “Balance general de vulneraciones a los DD.HH. e infracciones contra los pueblos indígenas”, presentado en Bogotá.

“Los pueblos indígenas, siendo el 3,4% de la población nacional, somos el 2,9% de las víctimas, esto quiere decir que al menos el 20% de los indígenas del país han sido afectados por algún hecho victimizante”, manifestó Carmen Rosa Guerra Ariza, abogada de dicha Comisión.

Según Guerra, perteneciente a la familia Kankuama, durante el período posterior al acuerdo se han cometido un total de 18.654 hechos victimizantes, de los cuales 1.204 fueron amenazas y 11.445 desplazamiento forzado. El informe también especificó que se han cometido 79 atentados, 20 casos de abusos sexuales, 13 desapariciones forzadas, 7 secuestros, 8 torturas, entre otros. Los principales grupos señalados de cometer estos crímenes son grupos herederos del paramilitarismo, guerrillas y disidentes de las FARC, ahora convertida en partido político.

Las poblaciones indígenas más afectadas por estos hechos fueron los Embera Chamí, Embera Katío y Wounan en el departamento de Chocó (oeste) con 2.253 actos, seguido por los Nasa, Wounan y Kokonuco en Cauca (suroeste) con 1.110. De igual forma, los grupos Emberá Chamí, Nasa y Wounan en el Valle del Cauca (suroeste) sufrieron 447 hechos violatorios de derechos humanos, mientras que los Zenú y Embera Katío de Antioquia (noroeste) registraron 79 actos.

La CIDH concedió una audiencia a la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas para el próximo 10 de mayo en la que escucharán sus reclamos, afirmó la ONG, que espera que se decreten medidas cautelares para salvaguardar sus derechos en el posconflicto.