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Desde el 11 de septiembre pasado al día del hoy, han transcurrido 40 días desde que el contralor general, Pablo Celi, entregó al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, 43 cajas con 130.000 hojas certificadas de las auditorías realizadas a contratos en los sectores estratégicos, que incluyeron exámenes a los proyectos a cargo de Odebrecht, sin que hasta ahora sepan qué destino dar a esos documentos.

Twitter Fiscalía

La información proporcionada por la Contraloría General incluye, sobre todo, los 33 exámenes ejecutados a los proyectos a cargo de Odebrecht, empresa brasileña implicada en hechos de corrupción (sobornos) con funcionarios públicos para conseguir contratos.

También contiene los exámenes de auditoría a la deuda pública; el Plan Anual de Control de la Contraloría y todos los informes aprobados. Incluso consta la Predeterminación y Determinación de Responsabilidades, realizadas en el periodo de gestión de Celi como contralor.

Además entregó las respuestas a las preguntas formuladas por escrito por algunos integrantes de la Comisión de Fiscalización de la Legislatura. “Con esta entrega doy cumplimiento a la obligación constitucional de rendir cuentas ante la Asamblea Nacional”, dijo entonces. De las propuestas no pasan Esa voluminosa información, sin embargo, aún no ha sido analizada.

Legisladores como María José Carrión (AP) y Wilma Andrade (ID) tienen por el momento varios planteamientos para que la tarea fluya y no demore una ‘eternidad’. Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, plantea crear un ente especializado para que examine los documentos, pues dice que analizarlos llevará mucho tiempo.

Andrade, por su parte, es partidaria de firmar un convenio con las universidades para que ayuden en la tarea. Asegura que estudiantes de los últimos años de la carrera de auditoría serían de gran ayuda. Carrión y Andrade coinciden en que estas auditorías alcancen también a los gobiernos anteriores a los de Rafael Correa. “Esta empresa corrupta lleva años aquí”, resaltó la titular de la Mesa de Fiscalización.

Sin embargo, Eliseo Azuero, exDemocracia Popular, Izquierda Democrática (ID), PRIAN y actualmente Independiente, ve imposible fiscalizar a los anteriores gobiernos, porque “la ley no les faculta”. Dijo que en cuanto a las administraciones anteriores a Correa existe la prescripción del delito y ello sería entrar en un problema mayor. Para Carrión, el caso de corrupción con la empresa brasileña se ha politizado.

“Hay que recordar que el mayor contrato que tiene Odebrecht es la construcción del Metro de Quito”. Más bien le pide celeridad en las investigaciones a la Fiscalía. “La denuncia del Metro la presenté hace nueve meses”, recordó. Odebrecht ha sido denunciada de presuntos actos de corrupción en 12 países, entre ellos, Ecuador. Se le acusa de practicar sobornos para ganar contratos con el Estado.

Llegó al país en 1985, durante el gobierno de León Febres-Cordero (PSC), para construir el Trasvase a Santa Elena. Desde su llegada ha firmado 30 contratos con instituciones públicas de Ecuador: 14 en los 10 años del gobierno anterior y los 16 restantes en gobiernos anteriores. Odebrecht ya fue denunciada de actos ilícitos en Ecuador.

La Comisión Auditora de la Deuda Externa, conformada en la anterior administración, detectó irregularidades en cuatro contratos firmados antes del 2008. para la construcción del trasvase Daule-Santa Elena, en el gobierno de Febres-Cordero; la hidroeléctrica San Francisco; la vía Interoceánica; y el trasvase La Esperanza.

Fuente: El Telégrafo