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Mientras los inversores se retiran nerviosos de Cataluña ante el temor de que la rica comunidad autónoma se independice de España, otra región europea también reclama su autonomía.

EFE

En Italia es casi imposible encontrar un cartel sobre el referéndum de autonomía, simbólico y no vinculante, convocado para este domingo en las ricas regiones de Véneto y Lombardía, pero casi todos los habitantes afirman que irán a votar para poner fin a la “mala gestión” del Estado, aunque rechazan cualquier comparación con Cataluña.

Para los venecianos el problema fundamental tiene que ver con los impuestos que, según ellos, no benefician bastante a su territorio. El año pasado, el Véneto presentó un saldo fiscal -diferencia entre lo que los habitantes pagan como tasas e impuestos y lo que reciben como gastos públicos- de 15.500 millones de euros. “Esto podría no ser un problema si esas tasas se invirtieran bien, pero la verdad es que a nivel nacional se malgastan 30.000 millones de euros al año”, lamenta el presidente de la región, Luca Zaia, que convocó el referéndum consultivo con el que también pretende reclamar competencias adicionales en materia de educación, infraestructuras, etc. Zaia y su homólogo lombardo, Roberto Maroni, ambos miembros de la ultraderechista Liga Norte, quieren recuperar la mitad del saldo fiscal de su región.

“Es justo que los impuestos que pagamos se gasten en nuestro territorio y no en Sicilia”, afirma Giuseppe Colonna, veneciano de 84 años. “Aquí la administración gestiona bien las cosas”, mientras “que hay una mala gestión de los recursos por parte del Estado central en Roma”, considera Nicola Tenderini, acuarelista de 52 años.

En la tienda contigua, Andrea Vianello, que vende productos alimentarios, abunda en el mismo mensaje: “Queremos seguir ayudando a Italia y las regiones más desfavorecidas, pero quisiéramos tener un poco más de dinero para nosotros”. Según él, la autonomía está en el ADN de Venecia, que fue una república independiente durante casi un milenio, antes de su caída en 1797.

Fuente: El Telégrafo