Roberto Gómez, coordinador de la alianza Creo-SUMA, presidió la delegación que entregó la documentación, en la Secretaría General. A su criterio, sí hay responsabilidad política de Glas frente a las obras que se construyeron en los sectores estratégicos y que ahora están en investigación.
“Entonces son responsables por las cosas que no son correctas. Por ejemplo, la sentencia condenatoria por cohecho y la sentencia condenatoria por enriquecimiento ilícito”, sostiene Gómez, contra diferentes funcionarios que trabajaron en sectores estratégico.
La propuesta de llamar a Glas nació luego de que Alianza País (AP) bloqueara dos iniciativas para convocar al Segundo Mandatario al Pleno. Sin embargo, el propio Vicepresidente solicitó luego que sea recibido para explicar su trabajo frente a los sectores estratégicos. Su exposición se dio el miércoles 21 de junio en la Comisión de Fiscalización.
Pese a eso, la oposición no quedó satisfecha con el contenido de la comparecencia. Ana Galarza, también de Creo, espera que el bloque oficialista tramite esta petición para esclarecer la posible participación del Glas en los hechos que se investigan. Para llamar a juicio político al Presidente o al Vicepresidente de la República se necesita cumplir más requisitos que los que se piden para enjuiciar a otros funcionarios públicos.
Según el artículo 88 del Ley Orgánica de la Función Legislativa se requieren mínimo 46 firmas de apoyo, después el Presidente de la Asamblea debe poner la solicitud en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que lo calificará.
Si supera esa instancia, la mesa remitirá el pedido a la Corte Constitucional (CC). Este organismo, a su vez, tendrá que emitir un dictamen de admisibilidad. Si no se reúnen los requisitos, se dispondrá a los solicitantes que lo completen en un plazo de tres días. Caso contrario se procederá al archivo del proceso.
Pero si es calificado, los jueces enviarán el caso a la Comisión de Fiscalización para iniciar su tratamiento.
