Así lo aseguró el jueves a Efe Andrea González, directora de comunicación e imagen del Metro de Quito, al apuntar que están trabajando «normalmente» y avanzan, «tal como estaba puesto en cronograma», en los operativos de preparación para la construcción de una nueva estación.
«No se ha interrumpido absolutamente nada», subrayó González un día después de que la Fiscalía incautara en el allanamiento varios computadores como diligencia en el marco de la investigación del caso Odebrecht.
La fiscal subrogante del Estado, Thania Moreno, encabezó el miércoles la operación en la que los agentes intervinieron equipos electrónicos que podrían tener relación con la empresa brasileña, que construye el metro de la capital en consorcio con la española Acciona, y cuyas obras tienen un avance del 30 %, según la Alcaldía.
De acuerdo a Moreno, en el allanamiento se decomisaron «únicamente equipos electrónicos», de los cuales se examinarán sus contenidos y se verá «qué información es pertinente para la investigación que está haciendo la Fiscalía».
Tras el allanamiento, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, recordó su «total apoyo» a las investigaciones desde diciembre del 2016, «cuando surgió información respecto a actos irregulares de la empresa Odebrecht en el Ecuador».
En diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de EE.UU. indicó que Odebrecht había pagado supuestamente unos 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.
El informe del Departamento de Justicia indicó que en el caso de Ecuador, entre 2007 y 2016 la constructora supuestamente pagó sobornos por más de USD 35,5 millones a «funcionarios del Gobierno», lo que supuestamente le generó unos beneficios de más de USD 116 millones.
La semana pasada, el fiscal de Ecuador, Carlos Baca, informó de un acuerdo con Odebrecht que se circunscribe, exclusivamente, en «materia penal» y que facilitará el acceso a «todas las evidencias» que permitan «llevar ante la Justicia a las personas que intervinieron en esta trama de corrupción trasnacional», dijo.
La filial de Odebrecht en Ecuador rompió el 14 de junio del 2017 su silencio para disculparse con los ecuatorianos y confirmar un acuerdo de cooperación con la Fiscalía.
«La empresa pide disculpas a la sociedad ecuatoriana por este grave error del cual se arrepiente profundamente y agradece la oportunidad de seguir colaborando con las autoridades de justicia en la lucha contra la corrupción», dijo la constructora en un comunicado publicado en su portal.
Añadió que las empresas del grupo Odebrecht separaron de sus operaciones en Ecuador a todas las personas «que incurrieron en actos ilícitos», quienes en la actualidad se encuentran colaborando con la Justicia de diversos países, indicó.
Hasta ahora, la Policía ha arrestado para investigaciones a cinco personas en relación con el caso Odebrecht, y una adicional está en arresto domiciliario.
El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, dijo el miércoles que ha sido «tremendamente duro» conocer de la detención de un tío suyo, ahora en arresto domiciliario por tener más de 65 años.
Dentro del caso Odebrecht, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ha convocado al contralor general del Estado, Carlos Pólit (que está en EE.UU. con permiso médico), para que comparezca el próximo 27 de junio y se defienda de acusaciones que le relacionan con el caso.
Pólit, que está sometido también a un juicio político en la Cámara por este mismo caso, tendrá 15 días para presentar las pruebas de descargo en su defensa, de forma oral o escrita.
De su lado, Glas ha pedido a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que lo invite para exponer su versión sobre el caso de Odebrecht y replicar a opositores que pretenden vincularlo.
