Semanas atrás, el fiscal César Suárez presentó sus alegatos de apertura en el caso y adelantó que se comprobaría la participación de ambos procesados como autores del mencionado delito, tipificado en el artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Se presentaron alrededor de 80 testigos y aproximadamente 60 pruebas documentales.
Según Suárez, Daniel B. y María A., dentro del Sai Bank cumplían funciones específicas. El primero ubicaba clientes para que realicen pólizas de inversión a plazo fijo y de esta forma captaba dinero de manera ilegal.
Mientras que su compañera, a través de un poder otorgado por el gerente del banco antes mencionado, aperturaba cuentas de ahorros, reseñó el portal Ecuadorinmediato.com. Las pericias correspondientes y los informes financieros determinaron que el Sai Bank registra ingresos en el sistema financiero nacional de $ 153’760.436, desde el 2012 hasta el 2017.
En este año, en el que comenzó la instrucción fiscal, registra egresos por $146’423.877, siendo en su mayoría transferencias. Este caso se desprende de las actividades ilícitas desarrolladas en el país por la constructora brasileña Odebrecht.
Se conoció que una entidad financiera sin autorización alguna habría facilitado que los intermediarios tengan la posibilidad de disponer de dinero en efectivo sin levantar alertas, para el pago de dinero ilícito a los funcionarios públicos investigados.
Esta institución financiera con inversión extranjera se denominaba Sai Bank, cuyo banco está domiciliado en Curacao. Su finalidad en el Ecuador era buscar clientes para abrir pólizas de inversión a plazo fijo, sin contar con la respectiva autorización de las autoridades de control nacional.
