Los resultados de la consulta popular, con sus implicaciones jurídicas, regirán automáticamente en cuanto se anuncien los resultados oficiales. Sin embargo, hay un par de detalles, previstos en los anexos, que precisan de la intervención de la Asamblea Nacional.
Para tratarlos, el presidente José Serrano se reunió ayer (a puerta cerrada, como todo lo que ocurre en su despacho) con los jefes de todas las bancadas. Acordaron formar una comisión especial de nueve miembros, cuya integración se decidirá mañana en el Pleno y que se disolverá en un plazo de 45 días.
Trazaron un cronograma. Y, como una suerte de ‘bonus track’, resolvieron por fin, en palabras de Serrano, “finiquitar el trabajo alrededor de la agenda legislativa 2017-2019”. La presidencia la presentará oficialmente, dijo Serrano, el 19 de febrero.
Los dos detalles pendientes son, en palabras de Guillermo Celi (SUMA), de mera carpintería, e implican la elaboración de sendos proyectos de ley por parte del Ejecutivo. El primero: una reforma al Código Orgánico de Participación Ciudadana para normar la elección de los integrantes del CPCCS (no el de transición: el definitivo).
El segundo: un proyecto de ley derogatoria de la Ley de Plusvalía. Ambos serán tramitados por esta comisión ocasional y remitidos al Pleno para su aprobación definitiva. El trabajo concluirá hasta el 15 de marzo, según Serrano. Las elecciones del nuevo Consejo de Participación Ciudadana podrán celebrarse, junto con las seccionales, el 16 de marzo del año próximo.
