El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se pronunció en contra de la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicitó la adopción de medidas provisionales en favor de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este anuncio se realizará en el marco del escenario preelectoral. Crédito: Twitter Jaime Nebot.

«Me parece muy raro y absurdo. Quisiera pensar que un organismo internacional como la Corte, va a tener la sensatez de no proceder como le han sugerido porque sería desconocer la voluntad de un pueblo», opinó.

Dijo que un organismo internacional no puede atentar con el principio de no intervencionismo en un país ni con el mandato del pueblo de pronunciarse abiertamente en las urnas.

La pregunta 3 de la consulta popular y referéndum planteó una enmienda a la Constitución para reestructurar el Consejo y dar por terminado el periodo de sus actuales miembros. Luego se designará a integrantes de transición que podrán evaluar y cesar anticipadamente a las autoridades que fueron designadas por la institución.

El Burgomaestre considera que la votación por una u otra tendencia se dio por la voluntad de la ciudadanía. Rechazó que se intente adjudicar a él y a otras personalidades políticas los márgenes de votación en el proceso electoral. «No me adjudiquen ningún porcentaje porque yo no creo que ningún político tiene porcentaje en este resultado, ni los del sí ni los del no (…).

Y el que se atribuye el no, yo le pregunto, ¿entonces también se atribuye votar a favor de los violadores de niños?, ¿y también se atribuye votar a favor de que los condenados por corrupción vuelvan a la función pública?», cuestionó. Nebot dijo que en las urnas se fortaleció la democracia y el Soberano manifestó su voluntad.

Pero considera que hay puntos pendientes por trabajar como una derogación a la Ley Orgánica de Comunicación a la que denominó «ley mordaza» porque menoscaba la libertad de expresión en su criterio. Pero lo más importante para el país es mejorar la situación económica, acotó. «Ya no hay cómo jugar al socialismo», dijo. La opción que queda es abrir el país a los inversionistas nacionales y extranjeros.

Pero primero se necesita seguridad jurídica y confianza, reflexionó. «La seguridad jurídica tiene que empezar por devolver el arbitraje internacional. ¿Quién va a venir a invertir en un país cuando se da una controversia que la va a resolver una de las partes que es el Estado?», analizó.

También cree que para dinamizar la economía hay que reducir el gasto público y ofrecer modalidades de empleo que puedan convenirse entre empleador y empleado sin menoscabar los derechos laborales.

Fuente: El Comercio