El fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, manifestó este jueves que el dictamen abstentivo dictado por la fiscal Elba Garzón, «bajo su estricta responsabilidad», tiene que ser elevado en consulta a la fiscal provincial de Pichincha Thania Moreno.
Ello, a fin de cumplir el debido proceso y respetando los derechos tanto de la acusación particular de Petroecuador, como de la defensa de los procesados. En rueda de prensa, Carlos Tejada, gerente de Petroecuador, también expresó su preocupación y desacuerdo con el dictamen abstentivo.
El Fiscal General aclaró que el dictamen no significa un sobreseimiento a favor de los procesados. Carlos P.Y. no se encuentra exento de cumplir con las penas a las que ya ha sido condenado, apuntó. Recordó que este mantiene abiertos otros 17 expedientes judiciales por delitos, entre ellos delincuencia organizada, cohecho, tráfico de influencias y otras por supuesto peculado.
Baca dijo que ahora corresponde a la jueza Paola Campaña el cumplimiento del artículo 600 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), de elevar a consulta el dictamen para que un fiscal superior, en este caso Thania Moreno (quien además es fiscal general subrogante), de manera objetiva y jurídica revise la actuación que se ha emitido ayer.
Además, ratificó que las actuaciones de la Fiscalía se enmarcan en la ley y no constituyen persecuciones. «No se persiguen personas, se persiguen delitos y hechos».
En 2017, la Fiscalía y Carlos P.Y. firmaron un acuerdo de cooperación eficaz, tras entregarse a la justicia en agosto de ese año. No obstante, Baca Mancheno advirtió que hasta el momento el exministro «no ha develado nuevos hechos». Y advirtió que el dictamen de ayer no tiene nada que ver con el proceso de cooperación eficaz.
El miércoles, la fiscal Elba Garzón presentó un dictamen abstentivo a favor de Carlos P. y Diego T. al no encontrarse elementos para acusarlos en uno de los varios procesos por presunto peculado que investiga la Fiscalía General del Estado en relación al caso Petroecuador.
Además, la Jueza de Garantías Penales acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó la revocatoria de la prisión preventiva dictada anteriormente en contra de los procesados por este caso particular. ‘Capaya’, exministro de Hidrocarburos, tiene a su haber dos sentencias: una de 5 años por cohecho y otra de 6 años, por asociación ilícita.
Fuente: El Telégrafo
