Este documento, que será la base para futuras negociaciones de Estado en los ámbitos financieros, busca atraer la inversión con una oferta que combina «seguridad jurídica necesaria» con «mecanismos de diálogo estructurado de alto nivel entre las partes, orientado a prevenir y solucionar eventuales diferencias de manera amigable y constructiva», indicó.
«Ecuador requiere de inversión extranjera directa que, respetando su normativa en materia social, ambiental y laboral, contribuya al cambio de la matriz productiva y a la generación de empleos de calidad», explicó la canciller María Fernanda Espinosa.
Así lo dijo durante el encuentro de presentación del nuevo mecanismo realizado hoy, en Quito, con representantes de una treintena de países.
La nueva herramienta, que se denomina «Convenio Bilateral de Inversión» (CBI), tiene como objetivo, además de atraer la inversión productiva, «eliminar la lesividad de los Tratados Bilateral de Inversión (TBI) -que causaron pérdidas millonarias a Ecuador»- así como un «equilibrio de derechos y obligaciones entre el Estado y los inversionistas», añadió.
Con la presentación del nuevo modelo de convenio, el Gobierno muestra su «decisión política de iniciar la negociación inmediata de convenios bilaterales que garanticen los derechos de los inversionistas, precautelando al mismo tiempo los intereses del Estado ecuatoriano en el marco de su normativa nacional y del derecho internacional», destacó Espinosa.
El encuentro de la Cancillería contó con representantes, entre otros, de los 16 países cuyos TBI fueron denunciados el 16 de mayo de 2017, mediante decreto presidencial.
En concreto, quedaron sin vigencia los «acuerdos de promoción y protección recíproca de Inversiones» con Italia (2001), Bolivia (1995), Perú (1999), España (1996), Estados Unidos (1993), Canadá (1996), Argentina (1994), Venezuela (1993), Francia (1994), Países Bajos (1999), Suecia (2001), Chile (1993), Suiza (1968), China (1994), Alemania (1996), Gran Bretaña e Irlanda del Norte (1994).
La motivación de la denuncia fue la vulneración del artículo 422 de la Constitución y el perjuicio al país causado por los tribunales arbitrales internacionales «por cuanto los árbitros generalmente tienen intereses en las compañías que invierten en Ecuador», indicó la Cancillería en el comunicado. Añadió que los nuevos convenios CBI «abandonan el modelo que solo preveía derechos para los inversionistas y, en consecuencia, adquieren obligaciones relativas a respetar los derechos humanos y ambientales, entre otros».
«Se restaura, asimismo, la capacidad estatal de regular en beneficio del interés público además de precautelar el bienestar general», indicó. Los CBI solucionan, del mismo modo, problemas como la falta de precisión jurídica en los términos de los acuerdos, los que propició en el pasado demandas contra el Estado, según la Cancillería.
De esta manera, «se reducen las dudas sobre la interpretación de los convenios y las maniobras para abusar de los sistemas de arbitraje», apuntó. Los nuevos convenios, que tendrán que ser motivo de negociación con cada Estado interesado, también presecriben las obligaciones de los inversionistas en relación a la corrupción.
Fuente: El Telégrafo
