Según la fiscal María Gabriela Carrión, el presunto delito de trata de personas estaba siendo investigado desde octubre de 2017.
En los allanamientos se habría ubicado a cuatro ciudadanas de nacionalidad colombiana y venezolana viviendo en condiciones de hacinamiento. Aparentemente estas mujeres eran contactadas vía telefónica cuando llegaban al país, e inmediatamente eran llevadas a las casas de tolerancia.
Las cuatro extranjeras fueron retiradas del sitio e ingresarán al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía para que así puedan entregar toda la información del caso con las garantías necesarias de protección.
De demostrarse el delito de trata de personas, los sospechosos detenidos podrían enfrentar penas que van de los 13 a los 25 años de prisión.
Fuente: El Universo
