«Las evidencias indican que altos funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa y del Consejo de la Judicatura han interferido en la resolución de casos de interés político para el gobierno, así como en el nombramiento y la destitución de jueces», explica el documento de HRW, dado a conocer el viernes 20 de abril.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, aseguró que durante la presidencia de Correa «hubo funcionarios que presionaron e intimidaron a jueces, y destituyeron a aquellos que se negaron a seguir órdenes”.
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Por ello, la organización pide al actual ejecutivo ecuatoriano, gestionado por Lenín Moreno, que investigue los hechos: «El presidente Lenín Moreno ha insistido en su respeto por la independencia judicial, pero para que se corrijan las prácticas abusivas del pasado, debería restructurar la maquinaria que permitió la injerencia política en la justicia”, indica Vivanco.
El expresidente de Ecuador Rafael Correa negó las acusaciones el domingo a través de su cuenta de Twitter y aseguró que la denuncia de HRW se basa en un «documento falso».
La investigación de Human Right Watch sobre la justicia en Ecuador
La organización indica en su escrito que visitaron el país en noviembre de 2017 para estudiar el estado de la Justicia en el país. Según dice, HRW «documentó doce casos en los cuales un juez o fiscal manifestó que representantes del consejo o del Ministerio de Justicia, o asesores de Correa, directa o indirectamente sugirieron cómo pronunciarse en ciertas causas».
«Cuando los jueces no acataron las instrucciones, el Consejo de la Judicatura inició procedimientos administrativos en su contra, y en la mayoría de los casos los jueces fueron posteriormente suspendidos o destituidos», asegura la organización, que menciona reportes al respecto.
Entre las pruebas de esta injerencia, la organización menciona un memorando de la Presidencia de 2013 que ordenaba a jueces rechazar demandas contra el gobierno. Ese es el documento que Correa asegura que está «forjado».
HRW explica que el Código Orgánico de la Función Judicial de Ecuador —vigente desde marzo de 2009 cuando fue promulgada por el gobierno de Correa— «permite que el Consejo de la Judicatura suspenda o destituya a funcionarios judiciales, incluidos jueces, por desempeñarse con ‘dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable'». Además, asegura que entre 2013 y agosto de 2017, «145 jueces fueron suspendidos o removidos por cometer ‘errores inexcusables’, según el consejo».
La organización critica que estas normas «que permiten la destitución de jueces por cometer errores de derecho, expone a los jueces a presiones políticas y vulneran la independencia judicial». «La forma correcta de abordar errores jurídicos es por medio del proceso de apelación judicial y jamás mediante la remoción de jueces», enfatiza HRW, que pide al gobierno de Ecuador la derogación de dicha normativa.
