El fracaso de la advertencia presidencial deja en la misma incertidumbre a las víctimas del terrorismo. Dos ecuatorianos, Óscar Villacís y Katty Velasco, permanecen secuestrados por el grupo, integrado por disidentes de las FARC, y el Gobierno no tiene noticias de ellos. Los cadáveres de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efrén Segarra, trabajadores de diario El Comercio, todavía no han podido ser recuperados.
En ese punto, alias Guacho (por quien se ofrece una recompensa de 230.000 dólares) logró poner contra las cuerdas a los gobiernos de Ecuador y Colombia. El primero ha optado por un incómodo silencio. El segundo reconocía ayer que no tienen certeza de si los secuestrados están en territorio colombiano y que no han podido encontrar los cuerpos.
El Gobierno ecuatoriano, en términos político-administrativos, tampoco sale bien parado tras los 10 días de plazo sin resultados. Está en juego el futuro de las tres personas que encabezaron la ofensiva militar y diplomática contra los terroristas.
“El presidente tomará las mejores decisiones. Pondrá a la gente correcta para iniciar un proceso, tanto para enfrentar lo que estamos viviendo, como para investigar lo que ha pasado”, dijo ayer en un canal de televisión Andrés Michelena, secretario de Comunicación.
Una declaración que sembró más dudas sobre la permanencia de César Navas al frente del Ministerio del Interior, de Patricio Zambrano en Defensa y de María Fernanda Espinosa en Relaciones Exterior. Todos ellos, en diferentes oportunidades, han reiterado que sus cargos están a disposición del primer mandatario.
Las señales de la desconfianza del presidente de la República en su mando militar y policial no son nuevas. A inicios de abril, por ejemplo, integró un Consejo de Asesores Externos integrado por Euclides Mantilla, exgeneral de la Policía; Paco Moncayo, exjefe del Comando Conjunto; y Fabián Varela, excomandante del Ejército.
Aunque la tarde del martes Espinosa se hizo a un lado. “La captura de Guacho corresponde al frente de seguridad. Nosotros hacemos el trabajo que debemos hacer y los ministros de ese frente son los que tienen que encargarse de la captura de los delincuentes”, manifestó.
Siguiendo la lógica de Michelena, ¿eran las personas correctas para enfrentar la amenaza terrorista? Su gestión, al menos, deja algunas preguntas sin respuesta.
Una de ellas y que ha generado el reclamo de los familiares y amigos del equipo periodístico de El Comercio, es la desclasificación de todos los documentos relacionados con la fallida estrategia que se ejecutó para liberarlos. El presidente ordenó, hace 14 días, que se haga pública toda la información. Para eso, Navas debía firmar un acuerdo ministerial. Esa orden no se ha cumplido hasta ahora.
El manejo de los dos secuestros (de los periodistas, así como de los ciudadanos de Santo Domingo de los Tsáchilas) también tiene vacíos. Los gobiernos de los dos países no tienen ninguna certeza sobre el lugar de los hechos, si hubo o no negociación en el primer caso, o si se detuvieron o no los operativos ofensivos en la zona.
Los ministros, sigan o no en sus cargos a partir de hoy, también tendrán que dar explicaciones a la Asamblea. Los legisladores respetaron el plazo de 10 días que había señalado Moreno para obtener resultados concretos, pero aprobaron su comparecencia al Pleno.
