La gobernadora de la provincia, Mary Verduga, indicó el 1 de mayo del 2018 que desde el sábado, 28 de abril, fecha que se registró el incidente, las autoridades han hecho un análisis de las zonas más sensibles de las casas de salud para aumentar las seguridades.
Otra de las medidas adoptadas es la capacitación a personas para una evacuación en casos de emergencia. En la investigación también se concretaron acciones. Una de esas fue trasladar el vehículo sospechoso hasta los laboratorios de Criminalística, en Guayaquil.
Allí, agentes especializados realizan pericias para identificar si el vehículo iba a ser usado como una bomba. Los primeros reportes señalan que se encontraron cartuchos de pólvora blanca y negra. También hay vestigios de otros químicos, pero todavía permanecen bajo análisis.
Lo que sí está claro para la Policía es que no existe relación con los ataques o detonaciones que se han registrado en la frontera norte. Lo mismo ocurre con las otras amenazas de bomba que se reportaron durante el feriado, en Ibarra y Portoviejo. Esos detalles se conocerán en una rueda de prensa que el comandante de la Policía, Ramiro Mantilla, prepara para este miércoles, 2 de mayo.
El martes, el oficial conversó con este Diario y reveló que desde el 27 de enero, día que se registró el ataque terrorista al cuartel policial de San Lorenzo, en el país se han registrado 53 amenazas falsas de bomba. Esto genera preocupación en las autoridades, pues las alertas falsas generan terror en las poblaciones.
De allí que se coordinan acciones con la Fiscalía para sancionar a los responsables de emitir estas falsas alertas. Hasta el momento, la Policía ha detenido a siete personas por estos actos. Ellos podrían enfrentar penas que van de 15 a 30 días de cárcel por dar avisos falsos de emergencias a través de la línea del ECU 911. Así lo estipula el art. 396 del Código Integral Penal (COIP).
Pero las penas pueden ser más drásticas cuando la falsa alarma “mantenga en estado de terror a la población o a un sector de esta”. En ese caso la sanción podría subir de 10 a 13 años de cárcel, indica la fiscal del Guayas, Patricia Morejón.
