De esos recursos, $10,1 millones se pagaron con fondos de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana. Esa normativa se creó para enfrentar las consecuencias del terremoto, del 16 de abril de 2016.
Con esa ley subió el impuesto al valor agregado (IVA) del 12% al 14%. Se calcula que con ese dinero se habrían construido 650 viviendas para los damnificados.
Paola Cabezas, exgobernadora de Esmeraldas (2013-2016) y actual legisladora alterna de Augusto Espinosa (ex-Alianza PAIS), critica la gestión del Gobierno actual. Según ella, en los 11 meses de la nueva administración tendrían que haber solucionado los problemas de Esmeraldas.
Ella reclama la falta de atención a las familias afectadas por el terremoto, en Muisne, al sur de Esmeraldas. Según la Secom, Cabezas guardó silencio sobre el mal uso de fondos públicos para la reconstrucción.
Es decir, no dijo nada sobre la construcción de un puente y una carretera que no conducen a ninguna parte en Mataje. En su período como Gobernadora el control de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) disminuyó porque estas no contaban con infraestructura ni instrumentos ni recursos para la zona fronteriza.
La legisladora alterna tampoco tomó acciones para solventar la falta de desarrollo de la zona o los problemas de inseguridad o de controles antinarcóticos en la zona fronteriza.
El exministro de Defensa, Ricardo Patiño, reconoció que no funcionaron los radares chinos para vigilancia que adquirió el Gobierno de Correa en 2009, por $ 60 millones.
