El presidente Lenín Moreno dedicó una buena parte de su informe semanal a dar un espaldarazo a las acciones del Consejo, que en los últimos días habían sido observadas por políticos oficialistas y opositores, así como algunas organizaciones sociales.
Las críticas se enmarcaron en que supuestamente los consejeros se estaban extralimitando en sus funciones, al evaluar a todas las entidades, sin importar el período en el que fueron designadas. Y en el nombramiento de autoridades de control encargadas.
Incluso, Daniel Mendoza (AP-aliados) propuso, al interior de la Asamblea, solicitar a la Corte Constitucional que delimite las facultades del Transitorio. Ese pedido no ha llegado a debatirse en el Pleno. También los legisladores oficialistas y correístas votaron para descartar el debate de una resolución que respaldaba las acciones del Consejo, que había sido propuesta por el asambleísta Luis Pachala (Creo).
Moreno dijo que los miembros del Consejo han demostrado una total consecuencia con el mandato popular. Y han tenido la capacidad de adoptar resoluciones que permitan plasmar, en actos jurídicos y administrativos, esa voluntad. Añadió que cualquier intento de limitar la actuación del Cpccs, de condicionarla o de restringir sus facultades y capacidad, es antipopular, ilegítimo. Incluso -dijo- puede ser interpretado como complicidad con las autoridades evaluadas, que podrían haber incumplido sus funciones específicas.
En la Asamblea Nacional, los legisladores identificados con el Primer Mandatario también apoyaron ese respaldo. César Litardo, quien había señalado que existen preocupaciones por el trabajo desempeñado por el Consejo, propuso a la presidenta Elizabeth Cabezas que someta a debate una resolución “sobre la importancia del Consejo transitorio”.
