«Este acto vulneró mis derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso, por haber sido juzgado por un juez que no es el natural al Defensor del Pueblo, y por la violación a mi derecho a la defensa que se manifestó mediante acciones que se produjeron aún antes de producirse cualquier proceso de evaluación, que nunca se realizó pero que sin embargo terminó con el cese de mis funciones», indica el documento.
Rivadeneira argumenta también que «se vulneró la autonomía e independencia de la Defensoría del Pueblo como garantía de estabilidad y de no injerencia política frente a las actuaciones del Defensor, por parte de otros órganos de origen gubernamental».
Antes del inicio de la evaluación, indica el exdefensor del Pueblo, se requirió una respuesta motivada al Consejo sobre sus competencias constitucionales y legales para determinar qué es incumplimiento de sus funciones.
Añade que nunca recibió respuesta, «en virtud de que el CPCCS-T no tiene competencia constitucional ni legal para establecer».
El 2 de mayo pasado, el Consejo Transitorio cesó en sus funciones como defensor del Pueblo a Rivadeneira por desacato al no entregar información para la evaluación.
En su lugar nombró como encargada a Gina Benavides, quien el martes 8 de mayo dio a conocer los ejes de su trabajo y anunció que pedirá a la Contraloría un examen especial a la gestión de Rivadeneira.
