Este documento fue redactado, según el jefe de Estado, «luego del desarrollo de las mesas de diálogo y las reuniones directas con los diferentes actores de la comunicación nacional».
Moreno explicó que «luego de las observaciones, cuestionamientos y planteamientos presentados sobre la actuación de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), el proyecto de reforma suprime definitivamente» a esta entidad.
La Supercom fue creada el 15 octubre de 2013 a raíz de la aprobación de la Ley de Comunicación en el Parlamento, en junio de ese mismo año.
El primer titular que tuvo la Supercom fue el periodista Carlos Ochoa, quien fue destituido y censurado por la Asamblea Nacional el 12 de marzo de 2018 por incumplimiento de funciones en el desempeño de su cargo.
Una semana antes, el 7 de marzo, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio cesó en sus funciones a Ochoa basándose en un informe de la Contraloría que cuestionaba su gestión cuando fue director de noticias de Gamavisión. Paulina Quilumba asumió el mando de la Supercom tras la salida de Ochoa.
«La libertad de expresión es un derecho que no debe ser objeto, ni de control ni de vigilancia, sino de protección por parte del Estado», afirmó, este lunes 14 de mayo, Moreno en su espacio «El Presidente informa».
Sin embargo, el gobernante dejó en claro «que, si al ejercer el derecho de libertad de expresión, se vulneran otros derechos humanos, como, por ejemplo, el honor, la honra y la dignidad de las personas, existe también en la legislación internacional lo que se denomina ‘responsabilidad ulterior'».
Así reiteró que si un ciudadano o colectivo se siente afectado por la publicación de un medio de comunicación «podrá acudir ante un juez en la búsqueda de protección y reparación de sus derechos».
Venta de acciones de medios incautados
Moreno también se refirió a la situación de los medios incautados en el gobierno de Rafael Correa.
«Las auditorías realizadas por la Contraloría General del Estado y los análisis que se han llevado a cabo durante mi Gobierno revelan que la gestión y administración de los medios incautados, en el gobierno anterior, fueron totalmente deficientes», aseguró el Primer Mandatario.
Ante esta situación, el Gobierno ha dispuesto «vender los paquetes accionarios de esos medios, garantizando que los intereses del país, por supuesto, se vean protegidos».
«Estamos atendiendo el clamor ciudadano que se ha manifestado -reiteradamente- en el sentido de que estos medios no pueden seguir en manos del Estado porque, además, fueron un instrumento de confrontación y ataque a la ciudadanía crítica», concluyó el jefe de Estado.
Fuente: El Telégrafo
