El juez especial de causas de derechos humanos Mario Carroza realiza desde enero una extensa investigación sobre sustracción de menores centrada en los años de la dictadura, aunque, ante nuevas denuncias, la amplió hasta 2000.
Si bien se ha descartado el secuestro de niños como método represivo, como sucedió en Argentina, se cree que las condiciones de esa época facilitaron el actuar de grupos dedicados a “captar” niños para enviarlos al extranjero con fines económicos.
La modalidad se asemeja a la registrada en España, donde acaba de abrirse el primer juicio por un caso de bebés robados a sus madres para ser entregados a familias adoptivas, en una práctica que comenzó bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
“No hemos establecido algún patrón que diga (que hay) relación con alguna política estatal de represión, pareciera ser más bien una especie de asociación ilícita, una organización lucrativa respecto de la adopción de personas de manera irregular”, explica a AFP el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos Pablo Rivera, que ha presentado denuncias a nombre de las madres.
Un rol protagónico lo jugaron asistentes sociales, religiosos, médicos o funcionarios de municipios u hospitales, que detectaban a madres vulnerables y luego sustraían a los niños o lograban bajo engaños que fueran dados en adopción.
“En general los casos tienen relación con madres de escasos recursos que dieron a luz a sus hijos o hijas y luego fueron engañadas por funcionarios de los hospitales respecto a que estaban muertos o enfermos o murieron con posterioridad y nunca más supieron de sus hijos”, agrega Rivera.
