El funcionario señaló en una entrevista radial que esta situación se registra desde el Gobierno anterior. De ese número, 75 000 personas están trabajando bajo la modalidad de contrato por servicios ocasionales y el resto labora con la figura de nombramiento provisional o contratado para proyectos específicos, pero el contrato nunca se dio por terminado, según datos de la Federación de Servidores Públicos.
Miguel García, presidente de ese gremio, explica que los contratos por servicios ocasionales no son usados de acuerdo con lo que establece la Ley.
Este tipo de instrumento no debe superar el 20% de la nómina total de trabajadores, pero en algunas entidades existe hasta el 80% de personal contratado bajo esta modalidad, según el dirigente sindical. Otro problema es que el perfil del empleado no está acorde con las características del puesto que ocupa. Según García, algunas personas ganan sueldo de profesionales sin serlo. “Hubo contrataciones a dedo”, enfatizó.
Finalmente, hay entidades públicas que no cumplen con el plazo legal definido para el contrato ocasional. Esta modalidad tiene duración de 12 meses y puede ser renovada por un año más. Sin embargo, cuando se cumplía este tiempo, los trabajadores no eran desvinculados sino que seguían en el cargo bajo contrato ocasional o con nombramiento provisional.
Cuesta confirmó en Radio Democracia que hay servidores que están más de dos años -incluso hasta seis-bajo la figura de “ocasionales”. Según el Consejero, el 80% de funcionarios en situación de contratación irregular es de los sectores de salud, educación y seguridad. Por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura hay 11 000 personas contratadas por servicios.
