«Si él (Correa) me dice ‘yo quiero ir a Ecuador’, yo le digo ‘usted no tiene que ir a Ecuador porque hay un riesgo muy fuerte de que sea puesto en prisión muchos años para eliminarle de la política'», afirmó en una entrevista a Efe Marchand, quien aprecia «una sistematización de acciones penales en contra de exdirigentes» en «muchos países» de América Latina.
Correa afronta una solicitud de prisión preventiva en su país ordenada este lunes por la jueza Daniella Camacho, además de una solicitud a Interpol para que lo ubiquen y lo extraditen.
El 18 de junio Camacho ordenó a Correa que se presentara cada quince días, empezando por este lunes, ante la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia como medida cautelar tras ser vinculado al caso de intento de secuestro del exlegislador Fernando Balda.
Sin embargo, Correa optó por presentarse ante el consulado de Ecuador en Bruselas, amparado, según sus abogados, en una normativa diplomática.
«En este momento en mi opinión no hay nada en vigor en Bélgica para que sea puesto bajo detención», precisó Marchand, quien añadió que la orden de arresto puede «estar en camino», aunque «quizá haya algunos recursos de apelación que se pueden presentar en Ecuador y que pueden parar un poco la demanda».
En opinión de Marchand, la orden de la jueza a Correa de presentarse ante la corte cada quince días cuando reside a «miles de kilómetros» es «una condición imposible, no puede cumplirla».
«Eso significa que, al final, no quería que la cumpliera», zanjó el letrado.
Según el abogado, Correa, quien reside desde el pasado año en Bélgica por razones familiares, no ha cumplido esa orden porque «me parece, cuando veo todo el camino hasta este momento, que es un camino lleno de ilegalidades, que la idea primera fue que él no cumpliera para que pudiera tomar esta medida de detención».
Marchand, quien aseguró que su cliente «tiene mucho ánimo para luchar» aunque «es muy triste lo que ve, lo que pasa en Ecuador», explicó que han recopilado información sobre la situación en el país y que su conclusión es que «hay problemas».
«En Ecuador y en toda América Latina parece que hay problemas de persecución política contra exdirigentes», apuntó, para agregar que «hay informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dicen que hay problemas estructurales».
Preguntado si confía en el Estado ecuatoriano, el jurista respondió: «A mi juicio, en este momento, no».
Aludió al «problema de la inmunidad de un jefe de Estado» que le ha sido negada a Correa.
«Me parece una ilegalidad en Ecuador que es flagrante. Tememos que, si (Correa) va a Ecuador, no va a gozar de un juicio con las garantías debidas», recalcó Marchand.
Detalló que el Estado ecuatoriano tiene que enviar a Interpol una «alerta roja» para la detención de Correa que se debe examinar para comprobar «si no hay problemas de tipo persecución política» a primera vista.
Si la institución llega a la conclusión de que los hay, el proceso se puede «parar de repente», incidió, mientras que en el caso de que continúe la petición entrará en el sistema de Interpol y se traducirá en una orden de arresto en todos los países del mundo.
En el caso de Bélgica, la Fiscalía tendrá que arrestarle o imponerle unas «medidas cautelares, como prohibirle dejar el país, mientras el juez toma una decisión sobre la demanda de entrega», explicó el abogado.
A partir de ese momento habría una audiencia en la Cámara del Consejo con posibilidad de recurrir y llegar hasta el Tribunal Supremo belga.
«No estamos en el sistema de la euroorden (orden de detención europea); es un sistema antiguo, una convención de extradición del siglo XIX entre Ecuador y Bélgica», comentó Marchand, quien reconoció que el proceso «puede tardar mucho tiempo» e implicar el envío de documentos con traducciones oficiales.
Añadió que se trata de un «sistema mixto» que pasa por los jueces, aunque «al final es el Gobierno belga el que va a decidir».
Y, puntualizó, las decisiones del gabinete belga «también se pueden recurrir al Consejo de Estado, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay un montón de recursos porque la extradición, la entrega, es la excepción».
«Un Estado no entrega con mucha facilidad. Quiere garantías. Y, en este caso, no tenemos las garantías», concluyó.
