«Hay seis muertos en Masaya, dos muertos en Diriá, y dos en Catarina», dijo a Efe el secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva.
En el barrio Camilo Ortega, de la ciudad de Masaya, los enfrentamientos dejaron seis víctimas, cuatro de ellos policías antimotines, afirmó el activista.
La Policía Nacional aún no ha confirmado el fallecimiento de cuatro de sus agentes.
En el municipio de Diriá, departamento de Granada, las llamadas «fuerzas combinadas» del Gobierno, integrada por policías, antimotines, parapoliciales y paramilitares, sacaron por la fuerza de sus casas a Almer Morales y Allan Morales (padre e hijo) y los ejecutaron, continuó Leiva.
Mientras, otras personas murieron en el municipio de Catarina, jurisdicción de Masaya, incluida una niña de 10 años que recibió un disparo en el abdomen y que falleció por falta de atención médica, agregó.
Leiva dijo que además registran «múltiples» heridos, sin precisar, y once paramilitares que se encuentran retenidos por la población civil.
Asimismo, el activista denunció que la Policía y los parapolicías se tomaron a la fuerza el centro hospitalario departamental Masaya y negaron la atención a las víctimas.
Además, que mantuvieron sitiado Masaya, por lo que no existió un «canal humanitario de evacuación» para trasladar a los heridos a Managua, que está a 28 kilómetro de distancia.
Leiva también denunció que las «fuerzas combinadas», luego de «neutralizar» por la fuerzas de las armas a los manifestantes de las barricadas, realizaron un plan de «cacería» casa por casa en busca de opositores para su detención.
Un grupo del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tenía previsto viajar Masaya, canceló su viaje por razones de seguridad, según sus portavoces.
Según los «Autoconvocados», el Gobierno ejecutó la denominada «Operación Limpieza», que consiste en remover los bloqueos de las vías con palas mecánicas, camiones y trabajadores del Estado, bajo el resguardo de las «fuerzas combinadas», que se movilizan a bordo de camionetas todo terreno y fuertemente armadas.
El Gobierno ha acusado de ejercer terrorismo, crear inseguridad y actuar con violencia a «quienes se han propuesto alterar por la vía de hecho» el orden jurídico y constitucional por medio de los bloqueos de vías, donde se ha producido «violencia, tortura y secuestro».
El Ejecutivo indicó en un comunicado el pasado 9 de julio «que como Estado y Gobierno legítimamente constituidos y con base en la Constitución Política y las Leyes de la República», tiene «el deber de defender la seguridad, la paz, el derecho a la vida y el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los nicaragüenses».
Y que eso incluye el derecho a la libre circulación de las personas, vehículos y mercancías en todo el territorio nacional.
Con al menos 351 muertos en casi tres meses, de acuerdo con cifras de organismos humanitarios locales, Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
