Una de las objeciones claves se refiere al art. 124, que contiene las reglas macrofiscales y el límite al endeudamiento. “El veto profundiza en las mejoras que hizo el Legislativo durante los debates, señaló ayer Richard Martínez, ministro de Finanzas, en una entrevista con Teleamazonas.
Inicialmente, ese artículo proponía alcanzar el equilibrio fiscal primario hasta el 2021; es decir, reducir a cero el déficit fiscal de manera que los ingresos sean suficientes para cubrir los gastos del presupuesto, sin tomar en cuenta el pago de intereses de la deuda pública. Además, en ese período se planteaba que no rija el techo de endeudamiento, que, de acuerdo al Código de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip), no puede superar el 40% en relación al PIB.
El texto aprobado por la Asamblea no especificaba cómo se llegaría a ese equilibrio. De ahí que varios asambleístas consideraron que esto dejaría la puerta abierta para que el Gobierno siga endeudándose para reducir la brecha en el Presupuesto. Sin embargo, la norma propuesta por el Ejecutivo era una salida a la situación actual del endeudamiento público, ya que hasta junio pasado la deuda ya superaba el 46% del PIB.
En la objeción a este artículo, el Ejecutivo eliminó el plazo de tres años que él mismo se puso para alcanzar el equilibrio, así como el período sin límite de endeudamiento. El veto del Ejecutivo ahora propone que no se apruebe un Presupuesto con déficit primario o cuyo resultado global no cumpla con una meta definida en un reglamento. En el documento se especifica que dicha meta “observará que el gasto del Gobierno no supere la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía”.
El Ejecutivo propuso cambios a este artículo, pues consideró “necesario ampliar las condiciones de aplicación de las reglas para introducir objetivos de saldo primario y de gasto”, señala el documento. En el caso de que se verifique un riesgo de incumplimiento con relación a las reglas y metas fiscales, dice el documento, se aplicarán mecanismos de corrección automática y planes de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal para garantizar su cumplimiento.
