En Manabí, la noticia sobre la notificación que realizó (el lunes) Contraloría solicitando la destitución del prefecto Mariano Zambrano Segovia por presuntas irregularidades en los procesos de contratación de obras ha generado el interés y la incertidumbre de la opinión pública de la provincia.
Julio Villacreses, secretario de la Comisión Anticorrupción de Manabí (CAM), recordó este martes 31 de julio que ellos y María Arboleda, de la Secretaría de Transparencia Técnica Anticorrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST) denunciaron formalmente la serie de presuntas irregularidades en la Fiscalía y la Contraloría.
“Aquí tenemos argumentos de mayor fuste. En su momento revelamos, por ejemplo, cómo el Prefecto junto al alcalde de Portoviejo, Agustín Casanova, y el exsecretario del Comité de la Reconstrucción, Carlos Bernal, se festinaron los recursos de la Ley de Solidaridad y las donaciones internacionales”, resaltó.
Dijo que todo deberá ser investigado por Contraloría, Fiscalía y demás organismos. Roosevelt Cedeño, uno de los abogados privados contratados por el prefecto Zambrano, señaló este martes 31 de julio que tienen 60 días para presentar los argumentos de descargo.
“De ser el caso que lo deriven hacia una responsabilidad penal, será a través de la Fiscalía, situación que no ha sucedido, por lo que hay que esperar. Este es un trámite de largo aliento”, indicó.
El empresario de la construcción y excandidato a la Vicepresidencia de la República, el manabita Guido Carranza, manifestó que los notificados por la Contraloría tienen la oportunidad de probar si han manejado bien o no los recursos públicos.
