La sesión del organismo se inició a las 09:30. Y cerca de las 15:00 se conoció que la sentencia fue aprobada. El documento no se hará público hasta que se notifique a los involucrados. Sin embargo, según el borrador, se dio paso a tres de las 10 demandas a las reformas. Uno de los cambios anulados tiene que ver con la comunicación.
Al inicio del artículo 384 de la Carta Magna se aumentó el siguiente texto: “La Comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios”. Ahora, la norma vuelve a su estado inicial, que habla de un sistema de comunicación que asegure el ejercicio de los derechos, la información y la libertad de expresión.
La derogación de esta enmienda fue solicitada por varios sectores, como parte de la consulta popular del pasado 4 de febrero, pero el presidente Lenín Moreno no la incluyó. El Mandatario se comprometió a solicitar una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de si la comunicación es servicio público o no.
Y estaba previsto que la respuesta entrara al ordenamiento jurídico sin necesidad de reformas. Aunque esto ya no será necesario, luego de la decisión de la Corte Constitucional. Otro cambio tiene que ver con las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Se sumó una segunda misión a esa institución.
Además de la defensa de la soberanía y la integridad territorial, las FF.AA. debían colaborar en la seguridad integral del Estado. Es decir, las fuerzas militares ya no podrán ejercer ningún control en la ciudadanía y en la seguridad interna, en colaboración con la Policía.
El constitucionalista Juan Francisco Guerrero explica que una vez que el fallo quede en firme se iniciarán los procesos de reversión de las decisiones que se tomaron con base en las reformas constitucionales.
Por ejemplo, en el caso de educación y salud, los municipios recuperarán competencias para planificar, construir y mantener la infraestructura y equipos de estas áreas. Para que esto ocurra, la declaración de inconstitucionalidad debe ser publicada en el Registro Oficial, según el experto Rafael Oyarte.
