El 30 de julio del 2018, la Fiscalía Provincial de Pichincha envío un oficio a la Contraloría.
En él le solicitó se designe un equipo de auditores para analizar la adjudicación del contrato para la empresa que determinó cuántos taxis nuevos requería la capital, el proceso de calificación de idóneos para acceder a ellos y la retribución de recursos a los transportistas de buses.
En ese oficio se solicitó que la auditoría se complete en un plazo máximo de 180 días. La concejala independiente Luisa Maldonado informó sobre este documento que recibió luego de pedirlo como la presidenta de la comisión especial del Concejo que revisó el proceso de regularización.
Maldonado habló del documento en la sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano de Quito que se realiza desde las 09:00 de este lunes 6 de agosto del 2018 para tratar el tema del taxismo en la capital. Su intervención se realizó luego de que el secretario de Movilidad, Alfredo León, leyera un oficio que entregó al Concejo en el que informó sobre lo actuado desde que en mayo pasado el organismo dispusiera la suspensión de la regularización.
En ese documento, León informó que tal como lo había dispuesto el Concejo la Secretaría pidió a la Administración General del Municipio que se contrate una auditoría externa al proceso. La Administración solicitó el trámite necesario en Contraloría pero se informó que aún no se ha determinado cuándo empezará esa auditoría.
La concejala Maldonado preguntó al alcalde Mauricio Rodas, a las principales autoridades de la Secretaría de Movilidad, de la Procuraduría y de la Agencia Metropolitana de Tránsito si habían sido notificados sobre el documento de la Fiscalía pero todos dijeron que no. Para el procurador, Gianni Frixone, se trata de un impulso fiscal que va en la misma línea que lo solicitado por la Administración General.
Mientras en el Concejo se debate sobre el proceso de regularización, en la Plaza Grande decenas de taxistas reclaman por una pronta solución al tema, puesto que por disposición del Concejo este se encuentra suspendido desde hace más de dos meses.
Fuente: El Comercio
