La diligencia se inició cerca de las 09:00 en el piso 11 del Complejo Judicial del norte de Quito. Hasta esa sala llegaron los 110 cuerpos que tiene la investigación de la Fiscalía. Esos documentos se han recabado desde mayo del 2013, mes en el que el joven quiteño desapareció en Pomasqui, un barrio del norte de la capital.
Desde entonces, el expediente ha sido manejado por ocho fiscales. El último investigador es Andrés Cuasapaz, quien ayer en la audiencia dijo que Romo fue asesinado por los acusados en una clínica de rehabilitación en Pisulí. Esa teoría ha sido rechazada por los abogados de los procesados y también por la familia del joven universitario.
Alexandra Córdova, madre del estudiante, dijo que el caso se debe investigar bajo la figura de desaparición forzada y no por asesinato, pues el cuerpo de su hijo no ha sido hallado. Además, denunció que durante los cinco años y dos meses, que su hijo está desaparecido, la Fiscalía ha cometido “varias” irregularidades.
Esto ha sido confirmado por la Defensoría del Pueblo. La entidad emitió hace cuatro días un informe sobre el caso Romo. En el documento, que contiene 59 páginas, la entidad realizó un seguimiento de la investigación fiscal y detalló seis conclusiones. En una de esas se dice que existen “posibles violaciones al debido proceso”.
En el informe, la Defensoría también denunció que encontraron el expediente de Romo “desorganizado y mal llevado”. En otra de las conclusiones se detalla que del caso por desaparición se desprendieron otros delitos, los cuales fueron indagados de forma separada, pese a que el Código Penal establece que deben ser juzgados de forma conjunta.
Los delitos que se identificaron fueron asociación ilícita, robo, trata de personas y falsificación de firmas. Este último se abrió en contra de una fiscal por las versiones de dos personas. Según la Defensoría, en esa investigación, la Fiscalía determinó que no tiene los elementos para establecer la existencia del delito y tampoco determinó responsabilidades. Luego, el proceso quedó paralizado.
Una situación similar ocurrió con las investigaciones en contra de los policías que pertenecían a la UPC de la Pisulí. La Defensoría analizó las acciones que la Fiscalía hizo en torno a los policías y dice que “no existe un informe conclusivo que determine si había o no una relación” de los uniformados con la desaparición del universitario. Tampoco encontraron algún documento que explique por qué se dejó de investigar a los agentes.
Esa conclusión se repite en las investigaciones que se hicieron en torno al chofer y controlador del último bus, en el que se trasladó Romo. De igual forma, la Defensoría dice que tampoco se explica por qué no se investigó a dos personas, quienes a través de redes sociales enviaron mensajes a la novia de David.
En esos textos, las dos desconocidas indicaron que el joven estaba bien y que se había ido por voluntad propia. La madre de Romo pide que la Fiscalía responda estas observaciones de la Defensoría del Pueblo y que los hechos se esclarezcan.
En la diligencia de ayer, el fiscal Cuasapaz señaló que en el desarrollo del juicio presentará todas las pruebas para demostrar lo que ocurrió con el universitario.
