La primera iniciativa, que fue aprobada el miércoles pasado en una sesión del Pleno, es elaborar un nuevo Código de Ética para los operadores judiciales (jueces y fiscales).
En entrevista con este Diario, el vocal Juan Pablo Albán explicó que el actual código no establece con claridad cuáles son las conductas antiéticas ni sus sanciones. Por ejemplo, cuando un servidor recibe dinero o pide favores.
Actualmente, el Código Penal ya establece condenas que incluyen la cárcel para jueces, fiscales y abogados que usen sus cargos para recibir algún beneficio personal. Para Albán, en cambio, el Código de Ética es necesario, pues la Judicatura podrá usarlo como una vía para denunciar a los funcionarios en la Fiscalía.
La segunda iniciativa, ya aprobada, es crear una Comisión Permanente de casos de Corrupción Judicial para investigar denuncias sobre procesos judiciales fraudulentos. El vocal aclara que este espacio no será usado para perseguir a ningún servidor. Por eso se va a permitir la participación de la ciudadanía y se incluirá a delegados del Consejo de Participación Ciudadana.
Esta comisión no solo revisará indicios de posibles actos de corrupción en juicios actuales, sino que también analizará expedientes que ya recibieron sentencias años atrás. El requisito es que los fallos se hayan tomado mediante fraude, engaño a la Administración de Justicia y violaciones al debido proceso y los principios de independencia judicial.
De igual forma, si se encontraran indicios de delitos se enviarán los casos a la Fiscalía. “Esta comisión no será de la Judicatura sino de dos poderes del Estado, en donde la ciudadanía está integrada”.
