En un pronunciamiento a propósito de que el viernes se conociera el fallo contra Ecuador a favor de la empresa estadounidense y que ponía fin a un litigio de dos décadas, la Defensoría mostró su «preocupación» respecto a la vulneración de derechos humanos y de la naturaleza que se deriven del laudo.
El Ejecutivo ecuatoriano ha apuntado a posibles responsabilidades por negligencia de las autoridades judiciales o los defensores en la causa que se dilucidó bajo mediación arbitral durante el anterior Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
Sin embargo, la administración del presidente Lenín Moreno, no se ha pronunciado de momento respecto al hecho de que el laudo haya invalidado sentencias dictadas por cortes ecuatorianas y que ordenaban el pago de reparaciones de USD 9 500 millones por el vertido de crudo que causó graves daños ecológicos en la cuenca amazónica ecuatoriana.
«Para la Defensoría del Pueblo, la posición que el Gobierno ecuatoriano adopte frente al laudo arbitral debe anteponer la protección de los derechos humanos y de la naturaleza, y exigir el cumplimiento de las responsabilidades de la empresa Chevron Texaco, en materia de reparación integral». Arguye que debe seguirse esa política, «de conformidad a lo dispuesto por los artículos 397 y 72 de la Constitución, que regulan el derecho a la reparación integral de las comunidades y a restauración de los ecosistemas».
«Después de 25 de años de búsqueda de justicia en materia de derechos humanos, considera que la reparación integral de los derechos humanos de las comunidades y la restauración de los derechos de la naturaleza en la Amazonía ecuatoriana deben ser los objetivos que deben guiar el debate nacional y la respuesta de las instancias gubernamentales, frente el laudo arbitral emitido», reza.
Denuncia que con el fallo, que estipula que se produjeron irregularidades judiciales en el proceso que llevó a la sentencia que obligaba al pago de la millonaria indemnización, «la empresa Chevron pretende renunciar a sus responsabilidades por el impacto ambiental causado durante su operación en Ecuador, ampliamente reconocido en todas las instancias de justicia del país».
