Fabrec está en el grupo de empresas públicas que serán reestructuradas por parte del Gobierno, que puso como plazo el 2021 para que se liquidara a la productora de uniformes y zapatos para los miembros de la fuerza pública.
Parte de los 450 trabajadores que se reunieron con la titular la mesa legislativa antes citada, Liliana Durán, aseguraron que llevan cuatro meses impagos. Incluso afirmaron que no han podido matricular a sus hijos en escuelas y colegios.
La legisladora, quien se pronunció públicamente a favor de los trabajadores, pidió la comparecencia de la ministra del Interior, María Paula Romo, para que solucionen la situación de los trabajadores. Luis Mero, secretario del Comité de Empresa de la fabricante, necesita saber qué va a pasar con el futuro de los 450 empleados, una vez que se cierre la factoría.
“Desde que se convirtió en empresa pública en 2012 hemos tenido administraciones que no han sido buenas. Se han llevado lo que teníamos”, argumentó, al solicitar a Contraloría que audite desde ese año.
Fuente: El Telégrafo
