Aseguró que esta nueva ley permitirá incautar los bienes a los corruptos, recuperar el dinero obtenido con esos actos y agilitar los procesos de repetición, es decir, cobrar a los funcionarios responsables del manejo de recursos.
También se ofrecerán recompensas a quienes informen sobre la ubicación del dinero y los bienes robados. Finalmente, el Gobierno brindará la oportunidad a las personas que dieron sobornos a funcionarios públicos de no recibir sanciones a cambio de sus denuncias.
Y, en un plazo de 90 días desde la aprobación de la ley, quienes tengan a su nombre bienes que no les pertenecen también podrán denunciar a los verdaderos dueños sin ser procesados por enriquecimiento injustificado.
Moreno indicó que la tarea de lucha contra la corrupción no la puede hacer solo. Pidió la colaboración de Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Función Judicial, Asamblea, medios de comunicación, organizaciones sociales y de los ciudadanos. “Hago un llamado a fiscales y jueces para que no repitan la historia”, dijo.
Según Moreno, en la historia del Ecuador solo se ha sancionado a cinco personas por enriquecimiento privado injustificado y, en los últimos cuatro años, a una sola por enriquecimiento ilícito. El Gobierno, además, ha dispuesto la línea 1800-delitos. Por esa vía se receptarán las denuncias ciudadanas.
“Ustedes han visto cómo ese vecino, que no se sabe en qué trabaja, guarda dos y tres autos de lujo en su garaje”, señaló Moreno como ejemplo. La iniciativa de la Asamblea que Moreno veta se aprobó en el Pleno, en agosto pasado, por unanimidad. Tiene siete artículos. Implica reformas al Código Integral Penal y a las leyes de Servicio Público, Contratación Pública, del Consejo de Participación y de Prevención y Erradicación del Delito de Lavado de Activos.
Entre los puntos relevantes de esa norma estaba el decomiso de bienes a los procesados y de los que traten de evadir a la justicia por peculado, enriquecimiento ilícito y testaferrismo, aunque aún no haya sentencia. También se eliminaba el requisito de un informe de Contraloría para formular cargos por peculado o enriquecimiento ilícito.
Ante la inminencia de un veto total y por las críticas recibidas, los asambleístas correístas, del Partido Social Cristiano, Creo y Pachakutik, que integran la Comisión de Justicia -que estuvo a cargo de la ley- rechazaron los reparos a ese proyecto. El exasambleísta César Montúfar pidió públicamente a Moreno el veto. Él teme que con las reformas se pretenda beneficiar al exvicepresidente Jorge Glas.
En el proyecto aprobado por la Asamblea se cambiaba la configuración del tipo penal asociación ilícita. Ya no bastaría con la asociación para juzgar a un funcionario, sino se requerirán evidencias de la comisión de un delito a través de esa asociación.
Con este cambio -dice Montúfar- sería imposible llegar a altos funcionarios, ya que si bien ellos participan de las asociaciones, en varios casos no cometen delitos, ya que las firmas de contratos y otras pruebas las delegan a servidores de menor rango. Y en el caso de Glas, cree que de aprobarse esta reforma él podría invocar el principio de favorabilidad para que con base en la actualización de la ley se lo absuelva.
Para los parlamentarios que trabajaron en la norma, eso no se ajusta a la realidad de los hechos, es “descabellado” y trata de deslegitimar la gestión del organismo. Marcela Aguiñaga (exAP), quien encabeza esta instancia, dijo que esta norma supone una reforma al artículo 370 del Código Penal, pero eso permitirá juzgar de una manera más amplia y efectiva el delito de asociación ilícita, sin dedicatoria alguna.
Por su parte, el socialcristiano Henry Cucalón acotó que “no lo hubiera permitido nunca ni como miembro de la Comisión ni como asambleísta en el Pleno de que se intente decir que esto beneficia a algún condenado en particular, y con nombre y apellido al exvicepresidente”.
Gobierno abierto Dentro de la estrategia de lucha contra la corrupción además el Gobierno oficializó su ingreso a la Alianza de Gobierno Abierto (OGP), por sus siglas en inglés. La iniciativa de gobierno abierto busca una administración más cercana a los ciudadanos, para que estos participen en la mejora del servicio público involucrando a actores externos para reunir ideas y encontrar soluciones a los problemas sociales.
Los objetivos son aumentar la calidad de vida de las personas, buscando efectividad en las respuestas que da la administración pública. Promover la innovación, la conectividad y, por ende, dinamizar la economía. Este organismo multilateral está formado por 79 países y 20 gobiernos locales.
Con el ingreso a esta alianza, Ecuador se comprometió a implementar el primer Plan de Gobierno Abierto de su historia. Se conformó con un grupo de representantes de los sectores público, privado, social y de la academia. Esta instancia coordinará la creación del plan, acompañará su implementación y monitoreará resultados.
