Los beneficios están dirigidos a quienes habiendo participado en supuestos delitos que perjudicaron al Estado están dispuestos a proporcionar información; y para quienes, sin haberse constituido en autores, cómplices y encubridores de infracciones, están decididos a delatar a los corruptos.
En este último grupo figuran los ciudadanos comunes y los servidores públicos, quienes, según el artículo 2 de la iniciativa de Moreno, podrían ser ‘premiados’ hasta con el 20% de los recursos económicos que el Estado recupere si proporcionan información verídica y comprobable “que contribuya en la investigación, localización y recuperación de activos obtenidos de manera ilegal…”.
Otros beneficios están contemplados con base en reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y al Código Orgánico General de Procesos (Cogep).
