Este convenio tendrá un año de duración y pretende intercambiar información y coordinar actividades para descubrir a los legisladores denunciados. El fiscal general subrogante, Paúl Pérez, aclaró que hasta el momento se presentaron cuatro demandas formales, las cuales se encuentran en la etapa de indagación previa, la cual es reservada.
Cabezas recalcó que existe la voluntad política de combatir estas irregularidades y también para crear las normas para evitar que esto se repita.
Por eso, a la par de la investigación, se reformará la ley legislativa para articular disposiciones para mejorar el control de los funcionarios de la entidad y de los asambleístas.
Fuente: El Telégrafo
