El escándalo de corrupción en Petrobras y la difícil situación de la economía brasilera derrumbaron la popularidad de la mandataria Dilma Rouseff.
Tres meses después de haber sido reelecta, Rouseff ya registraba una caída de 10 puntos en la aprobación de su gestión y, además, un rechazo a su gobierno del 62%.
El 15 de marzo, más de un millón y medio de personas salieron a las calles de Brasil a manifestarse en contra del Gobierno y exigir la renuncia de la Jefa de Estado.
Para esa fecha, la presidenta calificó la situación de “extremadamente dura” y optó por varias soluciones para vencerla. Una de las medidas fue el ajuste presupuestario de 22 300 millones de dólares para el 2015 con el fin de sanear y fortalecer las finanzas públicas.
Pero la crisis continuaba, al igual que las investigaciones por corrupción en la estatal petrolera. No solo funcionarios del Gobierno de Rouseff eran investigados sino personas de confianza del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uno de ellos, José Dirceu, quien fue jefe de gabinete de Lula de 2003 a 2005 y dejó el cargo por otro caso de corrupción y actualmente está detenido.
Para sorpresa de muchos, el exfutbolista y actual senador de Brasil, Romario Farías también estuvo involucrado en el escándalo de sobornos después de que se descubrieran grabaciones con el jefe del bloque del Partido de los Trabajadores, Delcídio Amaral, quien ya fue detenido acusado de intentar obstruir las investigaciones. Romario, según los medios, tendría cuentas en Suiza en las que se depositaron fondos de los sobornos.
Para noviembre, Dilma Rousseff canceló las visitas a Vietnam y Japón ante el agravamiento de la crisis política y el impacto en la economía de su país.
El 2 de diciembre el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, acogió el pedido de apertura de juicio político destinado a destituir a la presidenta Dilma Rousseff. Sin embargo, el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, solicitó destituirlo de su cargo por aceptar el proceso de juicio político. La fiscalía brasilera asegura que el diputado actuó “por beneficio propio» para evitar también ser investigado por el cobro de sobornos por unos 5 millones de dólares en el escándalo de corrupción en Petrobras.
En su defensa, la presidenta Rousseff afirmó que no es «una ladrona» y negó tener cuentas en el exterior.
Como última medida, el Congreso brasileño aprobó la reducción de un objetivo de ahorro fiscal del país para 2016. Según el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werne, las previsiones de la economía latinoamericana para 2016 serán «muy probablemente revisadas a la baja», arrastradas por la «intensificación» de la «crisis política» en Brasil.
