Según el Mandatario, ambos proyectos buscaban resolver parte del problema de la inequidad en el país pues, a pesar de los intentos por reducir la desigual, América Latina es la región más inequitativa del planeta, y con esta iniciativa se buscaba cortar las fuentes ilegitimas de acumulación con base en el patrimonio. En su intervención, el Primer Mandatario informó que mediante un estudio se demostró que en nueve municipios del país más de 600 millones de dólares fueron a parar a manos privadas por concepto de plusvalía, generada a partir de la inversión estatal.
Este anuncio originó que varios sectores de oposición a las políticas del Gobierno se lanzaran a las calles y por varios días consecutivos se agolparon especialmente en la avenida de Los Shyris, en Quito, donde también se concentró el oficialismo.
Con banderas negras, los opositores gritaron la consigna «Fuera Correa, fuera», mientras en el lado oficialista la de «uuu, aaa, Correa no se va».
Las polémicas propuestas de reformas legales que fijaban nuevos gravámenes a las herencias y a la plusvalía inmobiliaria fueron el detonante de las movilizaciones de la oposición, que no solo pedía el retiro de dichas iniciativas gubernamentales, sino la salida del poder del Presidente.
Estas manifestaciones, con el paso de los días, se hicieron más fuertes a pesar que desde el Gobierno se señalaba que los proyectos permitían mejorar la redistribución de la riqueza en el Ecuador. Patricio Rivera, ministro coordinador de la Política Económica, afirmaba que el 98% de los ciudadanos no serán afectados por esta normativa y que los mismos son revolucionarios porque permitirán la participación de los trabajadores de las riquezas que ayudaron a crear.
A pesar de estos anuncios, los encontrones entre oposición y oficialismo continuaron hasta que, el 13 de junio, el Gobierno decidió retirar «temporalmente» los dos polémicos proyectos del Legislativo, y el presidente Correa realizó un llamado al diálogo y conseguir un ambiente de tranquilidad y paz, de cara a la visita del papa Francisco, entre el 5 y el 8 de julio.
Correa dijo que ese debate nacional no debe limitarse únicamente a los proyectos de Ley propuestas por el Ejecutivo, y afirmó que es importante que toda la población se informe correctamente sobre estas propuestas legales, que en el caso de la Ley conocida como la de Herencias solo afectará al 2% más rico de la población, mientras que la Ley de Plusvalía ayudará a evitar la especulación de la tierra.
Estas leyes, según afirmó, están planeadas para que no se afecte a los más pobres, ni siquiera a la clase media, para de esta forma lograr una sociedad más justa y equitativa.
El proceso de diálogo y su evaluación fueron llevados adelante por el secretario Nacional de Planificación, Pabel Muñoz, quien recalcó que en este diálogo participaría toda la ciudadanía. Explicó que, en una primera instancia, este debate estará articulado por los ministerios, por los municipios e incluso participará el Presidente de la República.
El diálogo se basó en cuatro principios: profundizar la democracia construir más sociedad, priorizar el bien común sobre los intereses personales y demandas corporativas, generar corresponsabilidad con garantía de derechos y responsabilidades ciudadanas.
Esta propuesta de diálogo también fue criticada por la oposición y los empresarios. En este sentido, Juan Carlos Díaz, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, afirmó que esta agremiación no será parte de la propuesta del presidente de la República porque, señaló, los proyectos de Ley de Redistribución de la Riqueza y de Plusvalía van contra los principios empresariales. «Podemos dialogar sobre cualquier otra cosa pero sobre las leyes no», dijo el empresario, quien manifestó que era necesario que las propuestas de ley se nieguen en la Asamblea Nacional y no se difieran.
