De enero a septiembre de 2018, la Superintendencia recibió 51.218 reclamos, el 71,66% por servicios no financieros, apuntó Novoa en el marco de una audiencia pública, el miércoles 31 de octubre, en la Defensoría del Pueblo.
La autoridad se refirió a los procesos iniciados contra los bancos Pichincha, Pacífico, Diners Club, Austro, Produbanco, Machala, General Rumiñahui, Internacional y Solidario.
Indicó que la próxima semana continuarán con otros bancos, de acuerdo a las verificaciones a los incumplimientos cometidos. Novoa señaló que para la atención de reclamos la Superintendencia emitió órdenes generales de restitución a todas las entidades del sistema financiero que hayan incumplido, adjuntando en cada caso la información de los reclamantes.
Destacó que para reforzar estas acciones, el 29 de octubre presentó a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma legal al Código Monetario Financiero, que entre otros aspectos contempla el blindaje que debe haber a la aceptación expresa del cliente, sobre todo en los servicios que se ofrecen a través de las llamadas telefónicas, «a fin de que estas prácticas de comercialización y venta de estos servicios no financieros, no vaya en contra de las buenas prácticas de defensa del consumidor».
Además, indicó que están receptando reclamos de clientes por tres vías, de manera presencial, a través del portal web de la entidad y mediante la línea de contacto 1800 INDEBIDOS.
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Paúl Padilla, coordinador jurídico del Ministerio de Finanzas y de la Junta de Política de Regulación, Monetaria y Financiera, manifestó que existe amplia normativa que regula el tema de cobros indebidos y protege los datos de los y las clientes, los mismos que no pueden ser entregados a menos que las propias personas lo autoricen directamente.
Expresó que la Junta busca proteger los derechos de las personas, sin embargo es la Superintendencia de Bancos la entidad encargada de regular el tema en el sector bancario.
La Defensora del Pueblo, Gina Benavides exhortó a la Junta de Política de Regulación, Monetaria y Financiera a que si bien, no tienen rol de regulación como las superintendencias, deberían vigilar que efectivamente las acciones emprendidas protejan los derechos de las personas afectadas.
Benavides también recordó a las autoridades asistentes a la audiencia pública que la Ley Orgánica de Defensa de las Personas Consumidoras (LODC) contempla la existencia de contratos de adhesión como un requisito indispensable para este tipo de servicios; por ende, si el ciudadano no cuenta con esta información, efectivamente se están vulnerando sus derechos.
La Defensora del Pueblo mencionó que no basta con la devolución de valores a las personas afectadas, sino que se debe trabajar en medidas que garanticen la no repetición de estos hechos.
Fuente: El Telégrafo – Nota original: LINK
