Esto hace que se gasten USD 600 millones mensuales, por lo que el Gobierno emprendió una optimización de recursos. El proceso de optimización del Estado se ha traducido en una reducción de los gastos corriente y de inversión. Además, se llevan adelante acuerdos que permitirán bajar al menos 140 000 partidas de nombramientos provisionales que estarán en marcha desde el 2019.
Lo anterior significará un cambio a lo registrado entre mayo del 2017 y septiembre del 2018, cuando la nómina del Ejecutivo se incrementó en un 5%, es decir, agregó 21 064 funcionarios.
Según Eduardo Jurado, secretario general de la Presidencia, estos aumentos de personal se dieron en los sectores de educación, salud, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y en el sector seguridad. “Con la cantidad de obras que se han puesto en operación, el incremento neto en plazas de trabajo (en el sector público) en todo el período del presidente Moreno apenas es de un 5%: 21 064 plazas de trabajo. Dentro de toda esta masa salarial existen 88 000 contratos ocasionales.
Muchos de ellos se vienen arrastrando de hace cuatro años”, aseguró Jurado a este Diario. El plan de optimización contempla que para el 2019 haya una reducción efectiva de los contratos ocasionales en dos fases. En la primera se realizarán 70 000 concursos de méritos. Los funcionarios públicos que no pasen esos concursos quedarán fuera de la nómina y su partida será eliminada. “Solo los mejores ganarán -explicó Jurado- y tendrán un contrato de trabajo.
Se eliminarán las partidas de quienes no ganen el concurso. Pero, claro, se lo va a hacer cumpliendo con la ley y respetando los derechos de los trabajadores concursantes”. En la segunda parte del plan, se prevé que otros 70 000 contratos sean declarados ocasionales y, luego de eso, pasen por el mismo proceso de concurso.
“Entonces hablamos de 140 000 plazas de trabajo. Lo importante aquí es que no solamente que se va a cumplir con lo que manda la ley sino que, además, funcionará la meritocracia”, agregó Jurado. Actualmente está prohibido crear nuevos entes burocráticos y si son necesarios, deben tener aprobación del Ministerio de Finanzas y de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).
Fuente: El Comercio – nota original: LINK
