A las 10:00 de este viernes 9 de noviembre de 2018, las calles alrededor de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) estaban cercadas con rejas.
Además, los policía formaron filas frente al sitio y en las zonas aledañas, para evitar cualquier incidente. Los dos fiscales del Guayas que llevan los procesos por asesinato y linchamiento de tres personas ocurrido el pasado 16 de octubre, esperaban comenzar con la reconstrucción. Ese día una muchedumbre destrozó la UPC para sacar a una mujer y dos hombres detenidos por robo, pero que la población los señalaba por supuesto intento de secuestro de niños.
Luego los golpeó con palos y piedras hasta matarlos. A las 11:00 la actividad se suspendió. El fiscal Francisco Freire sostuvo que la cancelación se debió a la ausencia de dos abogados de los ocho detenidos por el delito de asesinato. Ellos fueron detenidos el 17 de octubre, luego de que agentes de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased) sacaran sus identidades en los videos del crimen que se difundió por redes sociales. Cotejaron las imágenes con las prendas de vestir usadas en aquella ocasión y compararon con las que encontraron en sus domicilios.
Para María Mero, hermana de la mujer asesinada a golpes, la suspensión de la diligencia le parece una falta de celeridad y compromiso por parte de las autoridades para investigar el caso. Han pasado 24 días desde que ocurrió el incidente y, según el fiscal Freire, en una semana concluye los 30 días de instrucción fiscal. El funcionario dijo que aún no hay fecha para una reinstalación de la diligencia.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
