Esa exclusión es “un avance” en el objetivo de garantizar una libertad de comunicación plena, señalaron representantes de gremios periodísticos como la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), la Federación Nacional de Periodistas y la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep).
El informe aprobado en primer debate por la Comisión de Derechos Colectivos reformó 63 artículos, derogó 14 y modificó 23. Otros 45 siguen con su mismo texto.
También se determinó que la comunicación será un derecho y no un servicio. Se suprimió la Superintendencia de Comunicación (Supercom), la figura de linchamiento mediático, la responsabilidad ulterior, los códigos y normas deontológicas, el derecho a la réplica, el consejo consultivo y el defensor de audiencias. El documento será analizado en segundo debate por el Pleno de la Asamblea.
La propuesta ratifica la profesionalización de la comunicación para quienes desempeñen actividades periodísticas de forma permanente en los medios. La excepción de esta medida se aplicará a las personas que tengan espacios de opinión y en los medios comunitarios.
Para Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas, habrá una Ley que apoyará al desarrollo de la comunicación porque será menos restrictiva. “Lo principal es que recuperamos el derecho de la comunicación, lo habían convertido mediante una enmienda en servicio público”.
Resaltó que se eliminó la palabra “interés general”, establecido en el código deontológico. “Fueron sancionados medios por no publicar un artículo de una periodista argentina (en el anterior Gobierno) porque, según la Supercom, fue de interés general. Esas dos palabritas tan subjetivas”.
Klever Chica, presidente de AER, reconoció un avance, pero cree que hay ciertos detalles que todavía deben arreglarse. Por ejemplo, dijo, si se elimina el linchamiento mediático se debe establecer algún exhorto para que el periodista respete al ciudadano.
Agregó que pedirán a la presidenta de la Asamblea Nacional para que sean recibidos durante el segundo debate en comisión general.
“En esas reformas estamos todos de acuerdo que no sancione pecuniariamente ninguna acción de ningún medio de comunicación, de ningún comunicador, para eso están otras instancias como las observaciones, llamadas de atención, sanciones administrativas, ir al defensor del pueblo…”.
Francisco Rocha, director de la Aedep, considera que quedan pendientes otros temas que pueden ser mejorados por el pleno de la Asamblea o por el presidente Lenín Moreno en su derecho al veto.
“Yo no estoy convencido de la existencia de esta Ley… Creo que tiene demasiados parches, creo que hay que hacer un trabajo adicional para que nos sirva como una Ley que promueva el derecho a la comunicación y que no intente limitarlo y peor aún juzgarlo”.
El Director de la Aedep cree que hay que trabajar en una Ley de promoción de derechos y no de regulación ni contenidos. Por ejemplo, en interculturalidad afirmó que existe un debate sobre qué es aquello, lo cual da pie a la subjetividad.
“No es la misma ley sancionatoria que teníamos, no es la misma Ley para perseguir y acallar, eso es así, pero hay temas que pueden ser interpretados. Y si viene un presidente que no tenga el talante que ha tenido el presidente Moreno, puede distorsionarla; esa es la preocupación que me queda”.
Como parte de los cambios, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom) será el encargado de vigilar y controlar los contenidos comunicacionales, pero sin capacidad sancionatoria, como la Supercom. El organismo elaborará informes técnicos .
También se permitirá la publicidad de bebidas alcohólicas de hasta 5 grados.
El primer debate se realizó el pasado 27 de septiembre. La Presidenta de la Asamblea deberá poner a consideración del Pleno el documento. No hay plazos para su segundo y definitivo debate.
En contexto
La reforma a la normativa se dará luego de cinco años de su aprobación. El cuerpo legal fue cuestionado según la Comisión que la trató. El texto debe pasar al Pleno del Legislativo y luego será votado por los asambleístas para finalmente pasar al Ejecutivo.
Fuente: El Comercio- Nota original: LINK
