En un comunicado, precisó que formuló cargos en contra de Orlin Octavio B.A., propietario de la clínica, y Leandro Johnny A.A., persona encargada de las llaves del establecimiento, por el presunto delito de homicidio, castigado con pena de entre 10 y 13 años de prisión
El Juez de Garantías Penales, Hermes Jiménez, acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva en contra de los dos sospechosos, señala en el escrito.
Dispuso, además, de 30 días para el cierre de la instrucción fiscal en el caso de la Clínica de Rehabilitación para Consumidores de Alcohol y Drogas «Por una nueva vida», ubicada al suroeste de Guayaquil.
Entre los elementos de convicción presentados en la audiencia celebrada hoy consta la denuncia de un familiar de dos fallecidos en el suceso.
Además, las versiones de dos testigos presenciales, uno de ellos terapista y 18 informes de levantamiento de cadáveres de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased), entre otros.
El incendio se produjo en un inmueble donde funcionaba el centro de recuperación de adicciones, y dejó otras 12 personas «gravemente heridas», según el escrito, aunque un comunicado de la Gobernación del Guayas las cifra en 16.
Además, la Fiscalía explicó en el escrito que horas después de producido el siniestro en la clínica «Por una nueva vida», la Fiscalía de la provincia del Guayas (suroeste) lideró un operativo de control en la zona junto con la Policía Judicial.
Y allanó un local clandestino, donde asistían a personas con problemas de adicción, «quienes se encontraban recluidas contra su voluntad y encerradas en las instalaciones con candados y cadenas, infraestructura que estaba ubicado a pocas cuadras del lugar siniestrado».
Ese operativo dejó cinco personas detenidas, entre ellas el administrador de «la supuesta clínica de rehabilitación y varios trabajadores, que fueron procesados la madrugada del sábado 12 de enero, por el presunto delito de secuestro».
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se solidarizó ayer con los familiares de las 18 víctimas de la tragedia en la clínica «Por una nueva vida», y aseguró que no permitirán que «la muerte de inocentes» quede en la impunidad.
También el vicepresidente del país, Otto Sonnenholzner, aseveró que se investigarán las causas del incendio y se revisarán «las normas para la operación de los centros de rehabilitación».
De su lado, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, expresó su «profundo dolor» por los 18 jóvenes fallecidos.
«El Estado debe ser capaz de dar una respuesta URGENTE, INTEGRAL y DEFINITIVA a la problemática de las adicciones y el microtráfico», escribió en su cuenta de Twitter.
Y avanzó que convocará «de inmediato» a los titulares de los Ministerios de Educación, Salud, Interior e Inclusión Económica y Social pues «debe aplicarse la ley con rigurosidad y contar con un plan de prevención, apoyo a las familias y atención a las víctimas».
Fuente: EFE, aliado estratégico de FM Mundo
