La acción pretendía suspender la consulta popular que organiza el Consejo Nacional Electoral (Cne) para el próximo 24 de marzo de 2019 para permitir la explotación minera en la zona Quimsacocha, Azuay.
Entre sus argumentos, Barragán señaló este miércoles que al ser jueza de primera instancia carece de competencia para pronunciarse sobre la necesidad de que esa consulta cuente con un dictamen de la Corte Constitucional.
Además recordó que, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, es la Defensoría del Pueblo el ente encargado de tutelar los derechos de las personas.
De allí que sostuvo que el Ministerio no tenía legitimidad para haber actuado «a nombre del pueblo» en este caso y presentarse como una víctima de afectación a derechos propios de las personas. La audiencia se desarrolló esta tarde en la unidad judicial de la Familia, Niñez y Adolescencia, al norte de Quito.
Allí, además de abogados del Ministerio, el CNE y la Procuraduría, también se presentó el director tutelar de la Defensoría del Pueblo, Harold Burbano, para presentar un amicus curiae en torno al caso. «Es inaudito que el Ministerio de Minería quiera interponer una acción constitucional a favor de todo el pueblo ecuatoriano.Esto es inconstitucional», sostuvo Burbano.
Añadió que durante el Gobierno anterior «quien tuvo más derechos en este país fue el Estado. Y creemos que esta acción era la oportunidad de que la Función Judicial se reivindique y determine quién tiene la titularidad de los derechos constitucionales, y creo que eso pasó».
El viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, prefirió no hacer comentarios sobre la sentencia de la jueza, pero adelantó que acudirán a presentar una acción ante la Corte Constitucional.
Un grupo de personas procedentes del cantón San Gerardo, de Azuay, se concentró a las afueras de la unidad judicial mientras se desarrolló la diligencia. Portaban carteles con leyendas como «no a la consulta discriminatoria» y «tenemos derecho a trabajar», y hacían sonar unos tambores.
Víctor Barreto, uno de los dirigentes, aclaró que lo que buscan es que «la consulta sea bien manejada y bien direccionada«, y sostuvo que hay candidatos a dignidades locales que se están «aprovechando» del desconocimiento de la gente sobre el tema para «hacer de las suyas».
«Esta consulta va a ser llevada a cabo en lugares que no son de influencia directa del proyecto como lo son las parroquias de San Gerardo, Chumblín y Victoria del Portete», afirmó. El dirigente manifestó que no están de acuerdo con que solo el centro cantonal de Girón vaya a ser tomado en cuenta para este proceso.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
